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Perú: aprueban castración química para violadores de menores

17 de mayo de 2018

En ese sentido, también se propone la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y eliminar los beneficios penitenciarios, incluido el indulto, para los condenados por estos casos.

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Peru Odebrecht-Skandal
Imagen: picture alliance/dpa/AP/M. Mejia

El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves (17.05.2018), en una primera votación, el dictamen de un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para imponer, entre otras medidas, la cadena perpetua y la castración química para los violadores de menores de 14 años.

El legislativo rechazó, sin embargo, una moción para exonerar la medida de la segunda votación que ordena la ley, por lo que aún deberá seguir ese proceso, muy probablemente la próxima semana, antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación, según informó un comunicado oficial.

La propuesta de cadena perpetua recibió el voto unánime de los 103 parlamentarios que se encontraban en el hemiciclo, mientras que la castración química se aceptó con 68 a favor, 7 en contra y 28 abstenciones.

Tampoco beneficios penitenciarios

En este caso se modifica el segundo párrafo del artículo 173 del Código Penal para incluir la castración química "cuando el juez lo considere conveniente para los casos de violaciones de menores de edad", detalló la nota oficial.

Durante la sesión de hoy, el pleno debatió el dictamen de veinte proyectos de ley que plantean, según se indicó, "fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales". En ese sentido, también se propone la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y eliminar los beneficios penitenciarios, incluido el indulto, para los condenados por estos casos.

Además, se plantea incrementar la sanción para el delito de violación, sin importar la edad de la víctima, lo cual elevaría penas de entre 6 y 8 años, a 14 y 20 años. Asimismo se considerará un agravante si el violador es docente, sacerdote o familiar de la víctima, lo que ascenderá la pena a entre 20 y 26 años.

CT (EFE, El Comercio)