El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó la disolución del congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. El ejecutivo y el legislativo mantenían un pulso con la corrupción como trasfondo. El congreso, de mayoría opositora, pretendía renovar el Tribunal Constitucional, en un momento delicado de la investigación del caso Odebrecht.