La Eurocámara, contra las cuerdas para aclarar casos de corrupción

El Parlamento Europeo está cada vez más contra las cuerdas para que aclare si cuatro eurodiputados, entre ellos el español Pedro Zalba, del Partido Popular, aceptaron cuantiosos sobornos a cambio de alterar el contenido de una directiva comunitaria.

A pesar de que este jueves, el presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, accedió a que la agencia antifraude de la Unión Europea (UE), OLAF, se haga cargo de una investigación administrativa (no penal) y dio luz verde a que sus funcionarios realicen investigaciones parciales, la agencia comunitaria dejó hoy clara su intención de ir "hasta el fondo" del asunto y aclarar el caso "cuanto antes".

Según explicó hoy Pavel Borkovec, portavoz de la OLAF, con sede en Bruselas, "es en interés de los propios investigados" el que se arroje luz sobre ese caso, el más grave hasta la fecha por un caso de corrupción en el seno de la Eurocámara, elegida por sufragio universal desde 1979.

Y es que el caso de los sobornos destapado hace casi dos semanas por el rotativo británico "The Sunday Times" ha puesto en entredicho la limpieza y honradez de los eurodiputados.

Varios reporteros del periódico de Londres se hicieron pasar por lobistas y ofrecieron a cuatro eurodiputados generosos sobresueldos- de 100.000 euros (unos 142.000 dólares)- a cambio de modificar el texto de una directiva de la UE.

Dos de los eurodiputados, filmados y grabados por los periodistas con cámaras camufladas, el conservador austríaco Ernst Strasser y el socialista esloveno Zoran Thaler renunciaron a sus escaños poco después de que estallara el escándalo.

El tercero en el ojo del huracán, el rumano Adrian Severin, rechaza dejar el suyo a pesar de que fue expulsado del grupo socialista, y actualmente figura en las filas de los no inscritos.

El cuarto en discordia es el español Pablo Zalba, quien ha obtenido el apoyo de su grupo (el popular) y no ha renunciado al escaño. Zalba asegura que su caso nada tiene que ver con el resto, dado que, aunque admite que aceptó cambiar el texto, no cobró dinero alguno, sostiene.

dpa