Garcés: “Como testigo de crimen, debía evitar la impunidad”

Uno de los gestores de esta hazaña legal fue el jurista español Joan Garcés. El Premio Nobel Alternativo, de la Fundación Right Livelihood Award, tiene un profundo vínculo con Chile. Fue asesor del ex presidente Salvador Allende y, “testigo del drama nacional” que significó el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

En julio de 1996, el jurista presentó una querella contra Augusto Pinochet en los tribunales españoles, “defendiendo a las miles de personas que habían sido asesinadas, habían sido desaparecidas o habían sobrevivido a la tortura política”, afirma en entrevista con Deutsche Welle.

Dos años más tarde, cuando el general viajó a Londres para tratarse un problema de salud, se presentó la oportunidad de pedir su detención, la que fue ordenada por el juez Baltasar Garzón el 16 de octubre, desatando un terremoto político y diplomático.

DW: ¿Cómo surgió la idea de presentar una denuncia penal contra Pinochet en España?

Joan Garcés: En primer lugar, porque los tribunales en Chile estaban herméticamente cerrados para los crímenes de la dictadura. Estábamos en la impunidad absoluta. En segundo lugar, en España la legislación permitía un ejercicio de la jurisdicción universal y, un tercer factor, la guerra fría había terminado y en Estados Unidos ya no estaban en el poder los núcleos que habían propiciado la sublevación militar y la dictadura en Chile.

Fue un hecho inédito en la jurisprudencia internacional...

Hay un primer antecedente en Alemania en 1945-1946, donde por primera vez un tribunal juzgó a dirigentes de un estado por crímenes de agresión, de guerra, pero también contra la humanidad. Luego se abrió un amplio paréntesis, por la guerra fría. Las potencias querían evitar que esos crímenes fueran perseguidos, porque los estaban cometiendo en sus respectivas áreas de influencia. Terminada la guerra fría y su impunidad, hubo una oportunidad, la pusimos a prueba y fue posible.

¿Cómo se preparó para la petición de detención?

Llevábamos dos años reuniendo pruebas y testimonios que nos llegaban de Chile y también de chilenos y no chilenos que se encontraban en otros países y habían sido víctimas de tortura. La petición en los juzgados, en representación de la Fundación española Presidente Salvador Allende, buscó que ordenaran la detención de Pinochet a efectos de extradición, para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, terrorismo, genocidio y torturas. Cuando se produjo la detención significó un nuevo desafío de trabajo y responsabilidad para sostener eso en Londres, que era algo muy complejo.

¿Tenía expectativas de que su petición iba a ser acogida?

Sí, por varias razones: por el enorme volumen de los crímenes y la acumulación masiva de pruebas, por la impunidad absoluta que existía en Chile y, por último, por las condiciones políticas del momento.

¿La liberación de Pinochet después de 503 días, por razones humanitarias, fue una desilusión para usted?

No una desilusión... yo pude ver cómo se movían las fuerzas políticas internacionales en el Reino Unido, en Chile y en Madrid, y veía presiones enormes sobre el gobierno británico. El 8 de octubre de 1999 los tribunales ingleses concedieron la extradición para hacerle juicio en España, y cuando se produjo la estratagema de los exámenes médicos, lo entendí perfectamente. El ministro de interior de ese momento, Jack Straw, desde hace varios años ha dicho que fue engañado. Se cometió un fraude propiciado, según el propio Straw, por el estado de Chile, para frustrar a la justicia británica y española, que llevó a pensar que Pinochet tenía demencia senil y no estaba en condiciones de comparecer a juicio.

¿Hubo temor en Chile a las consecuencias de un juicio a Pinochet?

En Chile se dijo que había que retornar a Pinochet, lo decía el presidente Eduardo Frei. Se hablaba de temor a un nuevo golpe de estado, pero de ninguna manera iba a haber un golpe de estado en Chile.

¿El ex presidente Salvador Allende y su experiencia en Chile fueron una motivación en las acciones legales que ha emprendido?

Yo fui testigo de un drama nacional en Chile: cómo una nación fue castigada porque quería cambiar democráticamente su sistema económico. Habiendo sido testigo de ese crimen masivo, si estaba en  mis manos evitar la impunidad de los responsables, era un imperativo categórico, para decirlo en términos del filósofo alemán Immanuel Kant.

A pesar de la liberación de Pinochet, la detención tuvo implicancias en la jurisprudencia internacional...

Efectivamente, el caso Pinochet es un caso de jurisdicción internacional. Desde entonces se van dando casos en distintos países, que comparten convenios internacionales sobre genocidio, tortura, contra desapariciones forzadas y otras normas que permiten combatir la impunidad. Se han desarrollado instrumentos legales de cooperación internacional para evitar que queden impunes los responsables de crímenes de esa envergadura, que son tan masivos porque los cometen con los instrumentos del estado. Si en el propio estado no pueden ser perseguidos, porque controlan los medios de comunicación, los tribunales y tienen fuerzas de represión, las normas internacionales permiten investigar y sancionar a los responsables.

¿Qué otros casos han seguido a partir de entonces?

Ha habido desarrollos en Alemania, Suiza, Francia, Bélgica o el propio Reino Unido. Son muchos los países en que hay ejemplos de la aplicación de estos principios y de la resistencia de centros de poder para que no se apliquen. Es una lucha permanente con avances y retrocesos
¿Es posible que tenga un efecto disuasivo de crímenes que siguen ocurriendo?

Solamente con la cooperación internacional se puede ayudar a las víctimas que están bajo el peso de la represión. Para que los crímenes no queden impunes no basta que estén en el código penal. Si no hay voluntad política para aplicar la norma, es letra muerta.

Victoria Dannemann (jov)