¿Infructuosa lucha contra inseguridad en América Latina?

Mucho indica que los Estados latinoamericanos siguen pensando más en combatir los síntomas y no las causas de la enfermedad. A juicio de Peetz, muchos Estados latinoamericanos siguen encasillados en las añejas doctrinas de “seguridad nacional” y “seguridad pública” propagadas por la fatídica Escuela de las Américas que diseminó por América Latina las semillas de un militarismo a ultranza “violador de los derechos humanos y que calificaba a los críticos como enemigos de Estado”. Una definición que frecuentemente implicaba la declaración de quienes exigían justicia social como “objetivo militar”.

El concepto de la “seguridad”, como es entendida hoy en América Latina, “sufre de graves deficiencias”, advierte el investigador alemán Peter Peetz, en un informe sobre "Seguridad interna en Américas Latina". Mientras Naciones Unidas apunta a una “seguridad humana” que busca atender los riesgos sociales como la pobreza y la enfermedad, “la seguridad ciudadana”, así como es concebida en América Latina, se limita a “la protección del individuo del común”, desatendiendo la lucha contra la violencia sexual e intrafamiliar.

Peor aún, según Peetz, “las políticas de seguridad ciudadana en los Estados latinoamericanos no consideran como prioridad central el combate de las violaciones de los derechos humanos a manos de agentes estatales y no estatales”.

En México la “mano dura” favorece... a los políticos

La degradación de la situación pública en México, América Central y Venezuela es citada por Peetz como ejemplos de los divergentes conceptos de seguridad en la región.

En las norteñas ciudades de Juárez y Chihuahua han sido asesinadas, violadas y torturadas cientos de mujeres en los últimos catorce años. Este fenómeno del “feminicidio” se ha presentado justo en la región mexicana que ha estado prácticamente fuera de la influencia del Estado o, en otras palabras, el Estado mexicano no ejerce allí su obligación de proteger a sus propios ciudadanos, a pesar de algunos intentos fallidos de los últimos años.

A la ausencia regional del Estado se suma en México el creciente aumento de los llamados “secuestros exprés”, una modalidad de crimen que ubica a México como segundo país del mundo, después de Colombia, con la mayor cantidad de secuestros. La crónica debilidad del aparato de Justicia mexicano con fuerzas policiales de reconocida mala reputación por violaciones de los derechos humanos, completa el complejo panorama de la inseguridad en México, en donde cada vez hay más voces que piden una “respuesta militar”.

Venezuela: país militarizado cada vez más inseguro

Desde 2005, año en el que el anterior presidente de México, Vicente Fox, empezó utilizando al ejército nacional en el marco de su campaña “Operación México Seguro” contra el crimen organizado, la aceptación de la “mano dura” contra las mafias de la droga y el tráfico de personas ha subido. Prueba de ello, según Peetz, es que “Felipe Calderón, el actual presidente, obtuvo en reciente encuesta el 68% de aceptación gracias a los golpes propinados a las bandas de narcotraficantes”.

El caso de Venezuela, por su parte, es el opuesto. A pesar de que en Venezuela la militarización de la sociedad es una política de Estado, la criminalidad se ha disparado en los últimos años. Bajo Chávez la implementación del ejército en casi todos los campos de la vida civil no se ve reflejada en más seguridad sino en menos. Todo indica que Venezuela se ha convertido en el país más seguro…, para los narcotraficantes, uno de los principales agentes de violencia en otros países, como Colombia.

Frutos de la cooperación entre Estado y ciudadanos

En Colombia, una sociedad con una experiencia de 50 años de conflicto armado, justamente hay prometedores ejemplos de cómo las administraciones municipales pueden desarrollar, en conjunto con sus poblaciones, políticas integrales de lucha contra la pobreza y la inseguridad.

Los casos de la recuperación paulatina de mega ciudades como Medellín y Bogotá son los más destacados. Ejemplos que los hondureños han seguido con el establecimiento de unas “4.000 mesas de seguridad”, en donde la lucha contra el crimen la dan alianzas de la policía con las mismas comunidades víctimas.