Guatemala: piden cárcel para hermano e hijo del presidente | América Latina | DW | 06.07.2019
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América Latina

Guatemala: piden cárcel para hermano e hijo del presidente

La Fiscalía exigió 11 años para Samuel Morales y 8 para José Manuel, en el marco de la investigación por el caso “Botín en el Registro General de la Propiedad”.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala exigió este viernes (05.07.2019) la pena de 11 años de presidio para Samuel, hermano del presidente Jimmy Morales, y 8 para José Manuel, hijo del mandatario. Los investigadores solicitaron al Tribunal de Sentencia Penal que la condena sea de prisión inconmutable.

Los familiares del jefe de Estado son acusados de fraude y lavado de dinero, en el caso de Samuel Morales, y de fraude en el de José Manuel Morales. La causa, conocida como "Botín en el Registro General de la Propiedad”, ha sido investigada en conjunto por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El caso, que involucra a otra veintena de imputados que también esperarán sentencia por diversos delitos, señala que los dos familiares de Jimmy Morales supuestamente participaron en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares. Para ambos se pidió también la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años.

"Decir lo que se debe”

Al salir de la vista, el hermano del presidente se mostró visiblemente molesto con los medios de comunicación y dijo que a pesar de las declaraciones que dé la prensa "dirá lo que quiera”, por lo que los invitó a "decir lo que se debe”. Supuestamente ninguno de los dos se benefició económicamente de las compras irregulares, pero sí hicieron un "favor ilícito” para beneficiar al exsuegro del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, quien también enfrenta este juicio.

Esos actos irregulares fueron descubiertos por las autoridades durante una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como "plazas fantasmas” (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.

DZC (EFE, República)

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