“Es lamentable lo que está pasando en Venezuela”

Pocos días después de que la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela rechazara el decreto de emergencia económica propuesto por Nicolás Maduro, el presidente del Gobierno calificó hoy (27.01.2016) de “mezquina y egoísta” la decisión tomada por la mayoría opositora. “Lo que hizo la Asamblea Nacional fue inconstitucional, así lo digo, y me reservo acciones que voy a tomar en el campo de la Constitución y de la legalidad”.

Félix Contreras, gerente del Colegio de Abogados de Caracas, aclara que, para empezar, “al pueblo no se le notificaron las medidas económicas” incluidas en el decreto de emergencia económica propuesto por el presidente Maduro a la AN, y rechazado por 107 votos contra 53 el pasado viernes 22 de enero.

Mientras que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional “quería que el debate sobre las medidas fuese público, inclusive invitaron a los ministros para que comparecieran en la Asamblea Nacional, al parecer los ministros no quisieron. El vicepresidente dijo que el decreto era privado y que había cuestiones que el pueblo no podía saber”, explica Contreras. Además, “las medidas propuestas por el Gobierno no iban a calmar el temporal que sufre el país”, añade.

Situación delicada

El letrado Contreras se refiere a la delicada situación económica que sufre Venezuela desde hace tiempo. “No hay alimentos, esto es un caos, las colas se triplicaron… es lamentable lo que está pasando en Venezuela. Esperemos que no se presente algún problema”, lamenta Contreras desde Caracas. Cuando es preguntado acerca de la amenaza efectuada hoy por Maduro de emprender acciones legales contra la Asamblea Nacional, el gerente del Colegio de Abogados de Caracas considera que “lo único que puede hacer el presidente es mandar el decreto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Pero no se olviden que el TSJ está sumamente cuestionado”.

Tajante acerca de la cuestión de la independencia de poderes en Venezuela es el informe publicado hoy por la ONG Human Rights Watch (HRW). Según la organización con sede en Nueva York, el poder judicial de Venezuela “prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno” desde que el chavismo y “sus partidarios en la Asamblea Nacional” asumieron “el control político de la Corte Suprema”.

Falta de independencia

En su reporte anual, el Observatorio de Derechos Humanos censuró al Gobierno de Maduro por “aprovechar la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos”.

El documento publicado hoy respalda la advertencia realizada por el abogado Félix Contreras acerca de la cuestionada independencia del TSJ. “Los miembros de la Corte Suprema han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y se han comprometido públicamente con la defensa de la agenda política del Gobierno, decidiendo reiteradamente a su favor y validando su falta de respeto a los derechos humanos”, denuncia el informe.

En entrevista con DW, Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW, asegura que “en Venezuela hay un presidente y un Gobierno que desde hace mucho tiempo no entienden y no aceptan el concepto de separación de poderes”. Por lo tanto, insiste, esa amenaza de “acción legal es consistente con la actitud mostrada por los magistrados del Tribunal Supremo”.

Aunque lo más preocupante de esta situación, explica Wilkinson, es que “desde 2004 no existe un poder judicial independiente. En este contexto es muy difícil esperar que haya una resolución que tenga credibilidad, dado que el Tribunal Supremo entiende su papel en Venezuela como la necesidad de apoyar la revolución, o sea, la agenda política del presidente”.

La situación política, económica y social sigue complicándose en el país latinoamericano, y eso es algo en lo que coinciden los dos expertos consultados. Wilkinson, al igual que Contreras, considera que la victoria opositora en las elecciones del pasado mes de diciembre “es una buena noticia porque ahora, al menos, hay un poder del Estado que no está bajo el control del Ejecutivo. Eso es algo bueno y positivo”.

Sin embargo, añade Wilkinson, puesto que el presidente Maduro controla los otros poderes, especialmente el judicial, “no existe un árbitro neutral, con credibilidad, que pueda resolver las confrontaciones entre poderes y actores políticos. En esta situación, cualquier confrontación puede llegar a una situación aún peor que la actual. Esa es nuestra gran preocupación”.