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El juez dicta prisión preventiva para Ollanta Humala

14 de julio de 2017

El tribunal admite así el riesgo de fuga aducido por la Fiscalía. El expresidente de Perú y su mujer están acusados por un caso de corrupción. La defensa ya anuncia que recurrirá la medida.

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Peru Ollanta Humala
Imagen: Getty Images/AFP

La Justicia peruana dictó este jueves (13.07.2017) sendas órdenes de prisión preventiva durante 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, acusados de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. Se les imputa, en concreto, la supuesta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011.

El juez del caso, Richard Concepción Carhuancho, coincidió con el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche en el sentido de que la situación de Humala y Heredia se ha agravado y ya no basta el nivel de comparecencia en que estaban hasta ahora. El juez dijo que la medida asegurará su presencia para los fines del proceso y evitar que obstaculicen la acción probatoria.

Durante la audiencia, el magistrado afirmó que "existen fundados indicios" contra Humala y Heredia respecto al delito de lavado de activos con un "alto grado de probabilidad" de la comisión de la falta. "Ya no se puede hablar de una simple probabilidad, sino que ahora se puede hablar de un alto grado de probabilidad de la colocación de dinero de fuente ilícita en las campañas electorales de 2006 y 2011", dijo. El magistrado también consideró como altamente probable que la pareja hubiera recibido dinero desde la embajada de Venezuela en Perú.

Los abogados defensores Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza, que criticaron duramente la decisión de Concepción Carhuancho, anunciaron que apelarán la decisión, a la que calificaron de "arbitraria", por lo que el caso pasará necesariamente a un tribunal de segunda instancia. La ex pareja presidencial, mientras tanto, ingresó posteriormente en los calabozos del Palacio de Justicia, no sin antes expresar su descontento por la decisión judicial.

LGC (dpa/EFE)