EE. UU.: Corte Suprema avala negar residencia a migrantes que sean ″carga pública″ | El Mundo | DW | 27.01.2020
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El Mundo

EE. UU.: Corte Suprema avala negar residencia a migrantes que sean "carga pública"

La medida no afecta a refugiados, asilados, víctimas de violencia doméstica y Trata de personas que residen en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos validó este lunes (27.01.2020) un polémico reglamento impulsado por el gobierno de Donald Trump que penaliza a las personas inmigrantes legales que reciben ayudas sociales a la hora de optar a una residencia permanente, levantando así un bloqueo judicial que impedía su aplicación.

Los nueve jueces que componen la más alta jurisdicción estadounidense votaron divididos 5 contra 4 a favor de la petición de la administración Trump de levantar un bloqueo establecido por tribunales de menor rango para frenar la aplicación de la norma.

La polémica norma establece que una persona inmigrante legal será definida como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de tres años. Esos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

Foto de personas migrantes gestionando residencia.

La norma establece que una persona inmigrante legal será definida como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de tres años.

La normativa apunta además a reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de "green card" (como se conocen en inglés los permisos de residencia permanente) o de algunos visados. Así, las autoridades podrán determinar si la persona puede convertirse en un momento dado -o se ha convertido- en una "carga pública" para el Gobierno, es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y Trata de personas que residen en Estados Unidos. Sobre la decisión, la presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, avisó de que no proteger "a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, menores y ancianos", al tiempo que calificó de "discriminatoria" la norma.

FWD.us, una asociación creada por líderes tecnológicos partidarios de una nueva política migratoria y que presentó un documento de apoyo legal ("amicus brief") en contra de la normativa, consideró que el fallo del Supremo hará "más difícil" la vida para quienes aspiran a convertirse en ciudadanos estadounidenses. "Esta política es un esfuerzo con subterfugios de cortar la inmigración legal y perjudicará a millones de familias (incluyendo los estadounidenses nativos), nuestras comunidades y nuestra economía", afirmó en un comunicado el presidente de FWD.us, Todd Schulte.

ama (efe, afp)

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