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Denuncian que Gobierno demolió miles de casas en Damasco

30 de enero de 2014

La medida sería una manera de causar daño o castigar a la población civil en un operativo sin ningún objetivo militar aparente, según HRW.

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Imagen: picture-alliance/dpa

La ONG Human Rights Watch denunció este jueves (30.01.2014) que el Gobierno de Bashar al Assad habría demolido en 2012 y 2013 , de forma intencionada e ilegal, miles de viviendas en Damasco y en la provincia de Hama. El hallazgo fue posible gracias a imágenes satelitales, además de documentos audiovisuales y testimonios a los que tuvo acceso la organización.

En estos es posible constatar al menos siete casos de derribos de barrios a gran escala, mediante el uso de explosivos y excavadoras, que según la ONG podrían ser “castigos intencionados contra la población o para causar un daño desproporcionado a los civiles”, en un acto sin ningún propósito militar aparente. HRW aseguró que muchos de los inmuebles destruidos eran bloques de varias plantas. Se considera que esos barrios eran bastiones de la oposición.

Según estimaciones de los denunciantes, entre julio de 2012 y julio de 2013, las autoridades demolieron una superficie equivalente a 200 canchas de fútbol en diversos barrios. El Gobierno, en tanto, a través de medios de comunicación leales, ha asegurado que las demoliciones forman parte de proyectos de planificación urbana o para poner término a construcciones ilegales.

“No es táctica legítima”

El reporte, llamado “Destrucción de tierra: las demoliciones ilegales de los barrios de Siria en 2012 y 2013” tiene 38 páginas. En ellas se asegura que las labores de destrucción fueron supervisadas por el Ejército y que incluso, en algunas ocasiones, esto sucedió después de registrarse enfrentamientos entre fuerzas opositoras y tropas gubernamentales. En zonas leales al régimen no se han verificado esta clase de demoliciones.

Testigos citados en el informe aseguran que las Fuerzas Armadas llegaron advirtiendo que si se disparaba una sola bala, arrasarían con todo. Asimismo, los afectados afirman que contaban con todos los permisos para vivir en esas zonas, que no pudieron retirar sus pertenencias y que no han recibido ninguna clase de indemnización por el daño que presuntamente sufrieron a manos de agentes del Estado.

Ole Solvang, investigador de HRW, dijo que “eliminar vecindarios enteros del mapa no es una táctica de guerra legítima. Nadie debería dejarse engañar por las afirmaciones del Gobierno de que está llevando a cabo un plan de urbanismo”. El experto recordó que el país está en medio de una guerra sangrienta que lleva a pensar que se trata de un “castigo colectivo contra comunidades sospechosas de respladar la rebelión”.

DZC (EFE, Europa Press)