Conmoción en Ecuador por el abuso sexual en un colegio

El colegio público Aguirre Abad, ubicado en la vía Daule al norte de la ciudad de Guayaquil, fue escenario del abuso físico y psicológico de decenas de niños que sufrieron una experiencia traumática.

La fiscal provincial, Patricia Morejón, indicó que el ministerio de Educación abrió una investigación por supuesta violación y que tras someter a cuatro menores a exámenes médicos y psicológicos, éstos determinaron que habían sido violados.

"De lo que nosotros hemos podido revisar, los hechos son bochornosos, terribles para los niños, para cualquier persona. Hubo abuso sexual". Morejón dijo que “son un centenar de víctimas” y calificó el caso de “muy delicado”.

La noticia de abusos sexuales y de violaciones a niños y niñas causa conmoción social en Ecuador. Las primeras reacciones, como es lógico, se han dado en el ámbito punitivo: padres de familia, autoridades educativas, fiscalía y medios de comunicación solicitan las sanciones más drásticas que permita la ley penal.

“Justicia para nuestros hijos”. “No al abuso sexual de niños”. Frases como esas se leían en los carteles con los que protestaron padres de familia en los exteriores de la unidad educativa Aguirre Abad, consternados tras denuncias de abuso sexual infantil.

Los dos profesores sospechosos del abuso sexual a un centenar de niños, cometieron estos abusos en horas de recreo en los baños del colegio y habrían entregado a sus víctimas sedantes y medicamentos para paliar las consecuencias, de acuerdo a las denuncias de los progenitores. Al parecer, los supuestos autores también grabaron a sus víctimas mientras las sometían a abusos sexuales.

Preocupación de la ONU

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en un informe emitido a fines de septiembre del año en curso, manifestó  su preocupación por los numerosos casos de abusos sexuales y violaciones sucedidos en el Ecuador y por la ausencia del enfoque de derechos en el sistema educativo del país. La crisis se localiza en el conjunto del sistema educativo, tanto en escuelas mantenidas por el Estado, como en las privadas.

El problema de fondo, dice Ernesto Delgado Rivadeneira, miembro del Pacto por la Niñez y Adolescencia, "es el notable debilitamiento del sistema nacional descentralizado de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que permitía ejercer control directo y acceso a los servicios de atención, protección, y administración de justicia. Está mermada y es casi inexistente la capacidad de vigilancia y de exigibilidad de derechos de la comunidad educativa".

Por lo pronto, se ha generado una fuerte presión de la ciudadanía hacia la manera de seleccionar y evaluar a los docentes y hacia el acceso pronto y expedito a la justicia.

Delgado también señala que "desde la sociedad civil y sus organismos especializados en derechos de la niñez y adolescencia, se está pidiendo introducir nuevamente el enfoque de derechos en todos los servicios, a fin de conseguir un funcionamiento coordinado del Estado y la sociedad, en dirección del objetivo de reanudar la construcción del sistema de protección integral descentralizado".