No a la prescripción de delitos sexuales contra menores

A pesar del escándalo y repudio que ha producido en la sociedad chilena el caso del sacerdote Fernando Karadima, quien se aprovechó de la influencia en los jóvenes de su parroquia para dominar sus voluntades y abusar de ellos sexualmente, el cura cumple solamente con la sanción impuesta por el Vaticano de vivir retirado de la vida pastoral. La justicia civil, en cambio, no pudo castigarlo.

La ley chilena establece que, pasados cinco años, o 10 en algunos casos, de que la víctima de un delito sexual cumple la mayoría de edad, el autor del crimen no puede ser llevado a juicio. Mientras las víctimas siguen cargando con el dolor y el trauma de por vida, los autores gozan de impunidad. Los casos no llegan a la justicia y los abusadores no reciben ninguna sanción. Esto también favorece que los crímenes se sigan cometiendo en el tiempo, además de desincentivar las denuncias.

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Por eso la indicación del presidente chileno, Sebastián Piñera, para que el proyecto de ley actualmente en el Congreso considere que todos los delitos relacionados con abusos sexuales en contra de menores de edad no prescriban, fue calificada como un "momento histórico” y un "regalo para el país” por James Hamilton, víctima de Karadima.

"Esto es muy significativo para las víctimas, entre las que me incluyo. Nos da una gran esperanza”, dice a DW Vinka Jackson, sicóloga que ha encabezado junto a James Hamilton la lucha por visibilizar este tema y por lograr la imprescriptibilidad. "Aunque falta la tramitación de la ley, ya desde el Congreso se dejó saber que había una altísima probabilidad de se apruebe por unanimidad”, agrega.

Derecho al tiempo

Si bien el proyecto tiene antecedentes en una iniciativa presentada por el parlamentario democratacristiano Patricio Walker, durante varios años no hubo avances significativos. Tampoco la "suma urgencia” indicada por Michelle Bachelet pocos días antes de terminar su mandato en marzo pasado tuvo mayor incidencia. Desde 2010, un grupo de víctimas y activistas venían trabajando para pomover una iniciativa legal que respetara el tiempo de las víctimas y les asegurara el acceso a la justicia.

Los casos conocidos dentro de la iglesia, tanto del cura Karadima, como de los Hermanos Maristas y en otras organizaciones eclesiásticas, avalados por el silencio y el encubrimiento al interior de la institución, han generado conmoción en una sociedad tradicionalmente católica y llevaron al Papa Francisco a reunirse en el Vaticano con tres de las víctimas para pedirles perdón y conocer sus sugerencias sobre cómo acabar con estos delitos al interior de la iglesia.

Clamor por justicia

Hace pocos días, la violación y muerte de la pequeña Ámbar, de sólo un año y siete meses, supuestamente a manos de la pareja de una familiar, estremeció a la sociedad. Comunidades de la región de los Andes, donde ocurrió el crimen, han salido a la calle exigiendo justicia. En redes sociales y medios de comunicación se sumaron las voces que llamaban a las autoridades y a la sociedad entera a asumir su responsabilidad de proteger la infancia.

Muchos niños, por su edad, ni siquiera son capaces de comprender que son víctimas de un delito, no tienen la posibilidad de escapar de esa situación, o están bajo cierto grado de dependencia emocional o económica del abusador, más aún cuando éste puede ser parte del círculo familiar o de amigos. "El dolor no prescribe. Este tipo de crimen, por sus características y las de las victimas, impide que éstas se asuman como víctimas sino hasta avanzada edad y hace muy difícil la develacion, la elaboracion y la verbalizacion”, explica Vinka Jackson.

A diferencia de otros delitos, las víctimas del abuso sexual infantil demoran en promedio 15 a 20 años en revelar los hechos, según estudios internacionales y chilenos que cita el movimiento "Derecho al Tiempo”. En algunos casos los relatos no son escuchados y finalmente pueden tardar hasta 30 años en exteriorizar la experiencia sufrida. "Es un relato difícil, a veces toma años y en muchos casos ni siquiera es completo de tanta dificultad que significa poner en palabras situaciones horribles”, sostiene la psicóloga.

El espaldarazo de Piñera, al darle suma urgencia al proyecto y agregar la indicación de imprescriptibilidad, a diferencia de la ampliación a 30 años que se había comentado en días anteriores, congregó el apoyo ciudadano y político de amplios los sectores.

La realidad en Latinoamérica

Según cifras de "Derecho al Tiempo”, cada día entre 50 y 60 niños sufren abusos sexuales en Chile. Esto es, una víctima cada 33 minutos aproximadamente. En otros países latinoamericanos, la discusión va también en el sentido de endurecer las legislaciones, asumiendo que es un tema urgente. En 2015, Argentina fue el primer país de la región en promulgar la normativa conocida como "ley de respeto al tiempo de las víctimas”, que determina que estos crímenes no prescriben.  

En Ecuador, en la consulta popular de febrero pasado, más del 70% de los votantes se inclinó por la opción de modificar la Constitución "para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes”. El estado de Oaxaca, en México, ha sido pionero en su país en decretar la total imprescripbilidad para perseguir estos delitos, medida que se evalúa actualmente en otros estados del país.

"La sola declaración del presidente sobre la imprescriptibilidad se sintió tremendamente reparadora y da el mensaje de que la justicia importa, que es necesario reparar, dar acceso a la justicia y respetar el derecho a la denuncia de las víctimas, como lo señalan organismos de Derechos Humanos y lo han logrado distintos países”, dice Vinka Jackson.

"Es un reconocimiento, como lo ocurrido en el Vaticano. Un reconocimiento a la historia vivida y un desacato a lo dicho tantas veces por el abusador, de que nadie te va a creer, a nadie le va a importar... Más allá de la amenaza, el abusador daba por garantizado que nada iba a cambiar. La prescripción servía a la impunidad. Ahora el mensaje para la víctima es que te vamos a escuchar y a esperar a que ese relato pueda ser realizado y que quienes lo decidan puedan denunciar y acceder a la justicia”, concluye la psicóloga.