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América Latina

Violencia sexual, otra forma de guerra en Colombia

Organizaciones de la sociedad civil alemana y colombiana analizaron 36 casos de violencia sexual ocurridos entre 2002 y 2011. Constataron que corresponden a un patrón de comportamiento de las fuerzas armadas de ese país.

Mujeres piden alto a los feminicidios en Bogotá (imagen de archivo).

Mujeres piden alto a los feminicidios en Bogotá (imagen de archivo).

“Estamos exigiendo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (FCPI) reconozca que las fuerzas militares de Colombia han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo la violencia sexual“, señala la abogada Aneleen Micus, del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), con sede en Berlín, que junto con las organizaciones colombianas Sisma Mujer y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional en La Haya.

“Si Colombia no puede o no quiere poner fin a la impunidad de la violencia sexual contra las mujeres, la CPI tiene la obligación de intervenir según lo prevé el Estatuto de Roma“, declaró por su parte el Secretario General del ECCHR, el abogado alemán Wolfgang Kaleck. Las tres organizaciones analizaron 36 casos de violencia sexual ocurridos entre 2002 y 2011 en los que constataron que no fueron hechos aislados sino que corresponden a un patrón de comportamiento de las fuerzas armadas, es decir, una estrategia utilizada en el conflicto colombiano y por tanto dichos casos deben ser considerados delitos de lesa humanidad.

Wolfgang Kaleck, secretario General de ECCHR.

Wolfgang Kaleck, secretario General de ECCHR.

No hay justicia, ni en guerra ni en paz

“La violencia sexual en el conflicto armado es una expresión más de la discriminación y la violencia que marcan la vida cotidiana de las mujeres en Colombia. En la guerra la violencia se exacerba con niveles más altos de crueldad, por lo que nos preocupa mucho lo que sucede en el conflicto, pero también fuera de él“, afirma por su parte, la abogada de Sisma Mujer, Viviana Rodríguez Peña.

La abogada colombiana sostiene que la justicia tiene fallas estructurales que no permiten a las mujeres exigir justicia y que hacen invisible e inaplicable la prohibición de la violencia contra la mujer. “Pese a que hay una legislación que penaliza la violencia sexual, no hay justicia ni en guerra ni en paz“, sostiene.

"La violencia está claramente dirigida contra las mujeres. El 84% de los casos es contra ellas. Adicionalmente, en los últimos años hemos percibido un aumento en la violencia sexual y los feminicidios, así como en los ataques a las defensoras de los derechos humanos. Este aumento está relacionado con la reivindicación de sus derechos“, destaca la abogada colombiana.

Soldados en las calles de Bogotá (imagen de archivo).

Soldados en las calles de Bogotá (imagen de archivo).

No puede haber pacto de impunidades

En 2014 cada tres días dos mujeres fueron violadas en el contexto del conflicto armado, sin embargo ningún caso de violencia sexual ha significado una condena para el agresor, menos tratándose de un miembro del Ejército. “Una de las principales demandas del movimiento en el que participa Sismo Mujer es la justicia. Creemos que ellos mismos (los militares) han reconocido que el Proceso de Paz no puede dar pie a un pacto de impunidades. En esas negociaciones tiene que considerarse la violencia sexual cometida durante el conflicto armado“, destaca.

El caso colombiano lleva más de diez años en la CPI de La Haya. En 2004 fue abierto un estudio preliminar. En 2008 la CPI reconoció que la violencia sexual es parte de los efectos desproporcionados que tiene el conflicto armado en la vida de las mujeres. Seleccionó 183 casos denunciados por organizaciones de la sociedad civil que fueron remitidos a la Fiscalía de Colombia. “Sólo tres casos habían recibido una sentencia en 2013, es decir hay una impunidad del 98%“, afirma Viviana Rodríguez Peña.

Ahora será la fiscalía de la CPI la que determine si el Estado colombiano, es capaz o no de responder a los reclamos de justicia de sus ciudadanas. "Una acción imparcial de la CPI puede llegar a prevenir nuevos crímenes", concluye Luis Guillermo Pérez Casas, presidente de CAJAR.

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