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América Latina

Venezuela: más mineros desaparecidos

La comisión parlamentaria que investiga el asesinato y la desaparición de entre 17 y 28 mineros en Venezuela recibió denuncias según las cuales otras diez personas corrieron la misma suerte, informa la prensa local.

Américo de Grazia, presidente de la Comisión Especial para la Investigación de la Desaparición en las Minas de Tumeremo.

Américo de Grazia, presidente de la Comisión Especial para la Investigación de la Desaparición en las Minas de Tumeremo.

La comisión parlamentaria que investiga el asesinato y la desaparición de entre 17 y 28 mineros en Venezuela recibió denuncias según las cuales otras diez personas corrieron la misma suerte. Así lo informa la prensa local, citando al diputado opositor Américo de Grazia, presidente del grupo a cargo de las pesquisas en la Asamblea Nacional. “Hemos recibido diez denuncias de diez desaparecidos distintos en diez zonas mineras diferentes” del estado Bolívar (sureste del país), donde el asesinato “es una práctica común” en las minas de oro.

Las denuncias fueron hechas por familiares de los desaparecidos y testigos de actos coercitivos perpetrados contra los mineros. De Grazia hizo alusión a las nuevas desapariciones cuando notificaba a los medios que el gobernador de Bolívar, el chavista Francisco Rangel Gómez, no se había presentado ante los diputados de la Comisión Especial para la Investigación de la Desaparición en las Minas de Tumeremo para contribuir con el esclarecimiento de los sucesos ocurridos el 4 de marzo en esa localidad, ubicada cerca de la zona esequiba.

La fiscal general del país, Luisa Ortega, sostiene que fueron 17 las personas ejecutadas en Tumeremo a principios de mes, argumentando que ese fue el número de los cadáveres encontrados diez días después de la desaparición de los mineros; pero testigos insisten en que fueron 28 los cuerpos transportados en un camión con destino desconocido. Según De Grazia, ese camión pasó por tres puestos militares con 28 cuerpos acribillados y tres agentes del CICPC –la policía técnica judicial de Venezuela– participaron en la masacre.

Los legisladores opositores De Grazia, Olivia Lozano y Luis Silva revelaron las preguntas que tenían planeado hacerle al gobernador Rangel Gómez y dijeron que se las harían llegar por escrito a su despacho. Una de ellas es: ¿cuál es el papel específico de la gobernación del estado Bolívar en el ordenamiento y resguardo de la actividad minera? “Rangel Gómez no acudió al Parlamento y creo que perdió una gran oportunidad para explicarle al país lo ocurrido en la mina”, comentó De Grazia de cara a los periodistas.

Un día después de los sucesos, el gobernador de Bolívar tachó de “absolutamente falsas” las denuncias de la masacre, atribuyéndoselas a “personajes de la derecha”. Se trata de “diputados del partido opositor La Causa R, que se nutren financieramente de la minería ilegal” y que, “sin duda, estarían siendo afectados por la política minera” del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, declaró Rangel Gómez el 5 de marzo. Rangel Gómez amenazó con demandar a los diputados en cuestión por propalar rumores para “aterrorizar a la población”.

( EFE / El Nacional / El Universal )

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