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Europa

UE impulsa su ofensiva contra la inmigración ilegal

Francia, en la presidencia semestral de la UE, presentará el lunes su plan para la ofensiva concertada contra la inmigración ilegal. La propuesta que deberá ser aprobada en octubre se ha convertido desde ya en polvorín.

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Los ministros del Interior de la UE se han dado cita este lunes en Cannes en donde discutirán la propuesta que les presentará el ministro de Inmigración francés, Brice Hortefeux. Una de las prioridades que estableció Francia para su presidencia semestral es armonizar la política de inmigración del bloque, para lo cual es necesario que los líderes de las 27 naciones miembro adopten oficialmente en octubre el "Pacto Europeo de Inmigración y Asilo".

La estrategia a seguir

El pacto compromete a los líderes europeos a impulsar una política de inmigración selectiva vinculada a las necesidades de los mercados de trabajo. Se trata de atraer a trabajadores altamente calificados pero con contratos temporales para que los Estados de origen no pierdan su fuerza laboral más capacitada.

En el caso de los inmigrantes ilegales, se prevén vuelos conjuntos de repatriación, jugosas multas a empleadores que den trabajo a ilegales y la creación de un registro por medio de datos biométricos.

También biométrica será el visado que para más tardar principios de 2012 comenzarán a emitir los países miembros. El mismo año empezará a funcionar un registro electrónico de todas las entradas y salidas.

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Paralelamente a estos esfuerzos la UE fortalecerá al organismo de protección de fronteras Frontex y profundizará la cooperación con países limítrofes. Para enfrentar la llegada de solicitantes de asilo, la UE pretende aumentar la cooperación con la agencia de refugiados de Naciones Unidas y a partir de 2009 contar con una oficina de asilo europea que facilitará el intercambio de información entre los Estados miembros. Para el 2012 planean contar con un procedimiento de asilo común.

Finalmente la propuesta francesa prevé que los países miembros busquen acuerdos conjuntos o bilaterales con los países de origen y de tránsito para actuar contra la inmigración ilegal y promover la llegada de mano de obra legal. Esta política se vinculará estrechamente con la concesión de ayuda al desarrollo. Los socios comunitarios proveerán además instrumentos financieros especiales para que los inmigrantes puedan transferir dinero a sus países de origen.

Sólo problemas semánticos

La Comisión Europea estima que en el bloque residen hasta unos ocho millones de inmigrantes ilegales. Diplomáticos europeos coinciden en que el texto que se presentará el lunes se acordará sin mucha dificultad. Hay consenso entre las autoridades europeas en que el bloque debe endurecer su política de inmigración ilegal para convencer a los votantes de aceptar la migración legal necesaria para compensar a la población cada vez más envejecida de la UE.

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El ministro francés de Inmigración Hortefeux, asegura que la preocupación sobre inmigración fue una de las razones por la que los irlandeses rechazaron el tratado de reforma de la UE el mes pasado.

Hortefeux se muestra optimista y habla de estar muy cerca de un acuerdo. Tan sólo se trata de resolver algunos “problemas semánticos” según palabras recientes del primer ministro francés, Francois Fillon.

Lo que sigue preocupándoles en general es la recepción del plan fuera del bloque.

Chávez amenaza

Desde que se diera a conocer, el plan ha generado profundo rechazo en Latinoamérica. Millones de latinoamericanos residen en Europa, muchos de ellos de países andinos pobres o golpeados por conflictos, como Colombia.

Representantes sudamericanos lo califican de “legalización de la barbarie”, pues entre otras cosas las nuevas reglas de la UE permitirán a las autoridades detener a los ilegales hasta por 18 meses y prohibirles el reingreso hasta por cinco años. La nueva norma establece que los niños también podrán ser detenidos, aunque por un lapso de tiempo más breve.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, indicó que la nueva ley recuerda "tiempos de xenofobia" y el mandatario venezolano, Hugo Chávez, amenazó en junio con suspender las ventas de petróleo a estados europeos que apliquen la nueva legislación y cancelar inversiones en Venezuela de países de la UE.

El fin de semana volvió a repetir su amenaza. "Si la Europa comienza a atropellar a nuestro pueblo, y hablo en este caso sólo por Venezuela (...) nosotros pudiéramos considerar (...) una ley de retorno de los capitales europeos, que se vayan y retornen a Europa", dijo Chávez.

En Venezuela operan unidades de grupos bancarios españoles como el Banco de Venezuela, del Grupo Santander, y el Banco Provincial del BBVA. Las francesas Total y la noruega Statoil figuran entre las compañías europeas que operan en el sector petrolero del país sudamericano.

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