Santos: ″El Estado ha sido responsable″ de violación a derechos humanos | América Latina | DW | 25.07.2013
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América Latina

Santos: "El Estado ha sido responsable" de violación a derechos humanos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, admitió la responsabilidad del Estado en diversas violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado que afecta al país desde mediados del siglo pasado.

"El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno", admitió Santos.

Santos se refirió al tema un día después de recibir un informe del Grupo de Memoria Histórica, que concluyó que 220.000 personas murieron de forma violenta en Colombia entre 1958 y 2012, de los cuales el 80 por ciento eran civiles. El informe, en el que una veintena de investigadores sociales trabajó durante seis años, recomendó al gobierno que fuese el primero en reconocer la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos, para que los grupos armados ilegales, como los guerrilleros y los narcoparamilitares, hagan lo mismo.

"Nuestro compromiso como gobierno, y mi compromiso como presidente de la República, es que este reconocimiento sea también un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH reconozcan su responsabilidad y puedan participar en los mecanismos de justicia transicional", agregó.

"Lograr la paz con un máximo de justicia"

El gobernante dijo que los miembros de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como los de los grupos paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en 2006, deben admitir también su responsabilidad en el marco del proceso de pacificación: "Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental", enfatizó.

Durante una audiencia en la que la Corte Constitucional empezó a estudiar la legalidad de una ley aprobada por el Congreso, a pedido del gobierno, para crear herramientas judiciales que faciliten la desmovilización de los grupos armados ilegales, Santos hizo el reconocimiento para cumplir con la recomendación del informe, titulado "¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad". Contradictores de la medida han advertido ante el tribunal constitucional que esa ley permite la impunidad, pues plantea que los jueces se concentren en los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado interno.

Los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares) deberán también asumir su propia responsabilidad.

"Los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares) deberán también asumir su propia responsabilidad".

Sin embargo, "esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado. No para pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir, sino para construir una estrategia realista y transparente que, en cambio, permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas", aseguró Santos, al defender el llamado Marco Jurídico para la Paz.

Asimismo, Santos dijo ante los magistrados que esa ley permitirá llegar a eventuales acuerdos con las FARC, que protagonizan con el gobierno un proceso de paz desde el año pasado en Cuba, e incluso con el ELN, que ha expresado su disposición a negociar con el Estado: "No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. De justicia entendida en todas sus dimensiones: cómo establecer responsabilidades por los crímenes más graves, cómo conocer la verdad sobre lo sucedido, cómo reparar a todas las víctimas del conflicto y, sobre todo, cómo asegurar que no vuelva a haber víctimas, que es lo que son las garantías de no repetición".

RML (dpa, afp)