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Política

Ruanda: la política de los países “desarrollados” contribuyó al genocidio

Hace 15 años aconteció en Ruanda un violento genocidio en el que murieron 800.000 personas. Con su inoperancia durante aquellas semanas de 1994, el mundo se hacía corresponsable de las matanzas, opina Ute Schaeffer.

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Eugénie, tres meses, muerta a golpe de machete. Laurence, ocho años, primero violada, después golpeada hasta la inconsciencia, posteriormente ahogada en una letrina. Chanelle, todavía un bebé, quemada viva. Katherine y Marie-Christine, muertas en el incendio de la iglesia junto con otros cientos de personas en la que se habían refugiado. Como mínimo, un asesinato por minuto; seis infinitas semanas de odio ciego y racista en el que los genocidas hutus dieron caza a los miembros de la etnia tutsi. Vecinos contra vecinos, maridos contra sus esposas.

En las climatizadas salas del edificio de la ONU en Estados Unidos se reunía mientras tanto la comunidad internacional. En Nueva York, en París y Bruselas, en Bonn y Berlín se ignoró fríamente el clamor por refuerzos y por la intervención de la misión de Naciones Unidas destinada en Ruanda. A las llamadas a la acción de las organizaciones asistenciales y de derechos humanos se les restaba importancia. El secretario general de la ONU, Brutos Ghali, hablaba de “una guerra civil de los tutsi contra los hutu y de los hutu contra los tutsi”. Según los medios occidentales, se estaban disputando “viejas diferencias tribales”. Aquellos días en la comunidad internacional, nada era más importante que evitar la palabra “genocidio”. De lo contrario, se tendría que haber enviado ayuda. De lo contrario, el derecho internacional hubiera obligado a las Naciones Unidas a intervenir inmediatamente.

Y, sin embargo, todos sabían lo que estaba pasando. La ONU, la Unión Europea y los gobiernos conocían la terrible violencia que estaba arrasando el país africano. Bastaba con leer los informes del comandante en jefe de los cascos azules en Ruanda, el canadiense Roméo Dallaire: documentos en los que se detallaban unas masacres contra las que los pocos soldados de Naciones Unidas no tenían con qué proceder. Sí, por supuesto que todos lo sabían. Si no, no se hubiera sacado a mediados de abril a los pocos ciudadanos europeos que aún quedaban en el país.

No hay nada que se pueda relativizar en el hecho de que la comunidad internacional carga con parte de responsabilidad en el genocidio de 800.000 personas hace 15 años en Ruanda. El silencio de Occidente dio alas a los asesinos. Ya durante el periodo colonial, la potencia colonial belga se encargó de que arraigase en el país una propaganda racista y una división racial hasta entonces desconocida en Ruanda. El llamado “mundo civilizado” jugó por lo tanto un papel activo en la gestación del genocidio: también porque, como por ejemplo Francia, armó al régimen hutu y lo apoyó políticamente. Una comisión de investigación ruandesa acusará más tarde a Francia de complicidad con los asesinos. Resumiendo: la política de los supuestos países “desarrollados” contribuyó al genocidio. “La historia de Ruanda 1994 es una historia de traición, de fracaso, de ingenuidad, de indiferencia, de odio…”, concluye amargamente el general Dallaire. No hay nada más que añadir.

Hasta el día de hoy, Ruanda sigue siendo el ejemplo de que, cuando los conflictos son africanos, la tendencia es a ignorar; de que las violaciones de los derechos humanos no valen lo mismo en África que en Europa. Cabe preguntarse qué lecciones sacó la comunidad internacional de lo sucedido en 1994: ¿podría un genocidio como el de Ruanda tener lugar de nuevo ante la inoperancia del mundo?

No, seguramente no. La Unión Africana se ha dotado en consecuencia con el derecho a intervenir en caso de violaciones graves de los derechos humanos en el continente. La organización cuenta con misiones destinadas en toda una serie de países. La comunidad internacional presta ahora más atención a la violencia en África. También las antiguas colonias colaboran en el marco de la EUFOR [European Union Force] y las Naciones Unidas con las labores de paz en el continente, ya sea en la frontera entre el Chad y Sudán o en las pasadas elecciones en la República Democrática del Congo. Y la orden de detención contra el presidente sudanés Bashir demuestra que los violadores de los derechos humanos y los dictadores que utilizan la violencia contra sus propios ciudadanos como instrumento político acaban teniendo que responder de sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. El aislamiento les acecha.

Para las víctimas y los supervivientes del genocidio en Ruanda, nada de esto cambia las cosas. El trauma de lo sucedido continúa lastrando a la sociedad ruandesa. Y el recuerdo de lo acontecido debe servir como advertencia a la comunidad internacional: aquel fracaso humanitario y político no puede volver a repetirse. Se hace necesaria la puesta en marcha decisiva de una política de seguridad multilateral que proteja los derechos humanos, ¡en todo el mundo!

Autora: Ute Schaeffer

Editora: Emilia Rojas

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