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Política

“Populismo constitucional” en Latinoamérica

Las Constituciones incluyen cada vez más promesas, pero se sabe que el problema no es que escaseen las leyes sino que no se cumple con ellas, dicen expertos en Alemania.

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Manifestación en Cochabamba, Bolivia, el 4 de mayo de 2008.

"Las reformas constitucionales están de moda en Latinoamérica“, afirmaba hace poco el Dr. Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) en Hamburgo, aludiendo no solamente al referéndum celebrado en Venezuela el 15 de febrero, mediante el cual se aprobó la enmienda de cinco artículos para permitir la reelección ilimitada del Presidente y otras autoridades, sino también a los plebiscitos que tuvieron lugar recientemente en Ecuador y Bolivia para consentir la redacción de dos nuevas Cartas Magnas.

Detlef Nolte, GIGA

Detlef Nolte

En su análisis “Populismo y cambios constitucionales en Latinoamérica”, publicado por el German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en febrero, Nolte da cuenta de 239 enmiendas y siete nuevas constituciones en la región desde 1990: Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Ecuador (1998 y 2008), Venezuela (1999) y Bolivia (2009). Las más recientes exhiben rasgos particulares, como la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y el énfasis en el carácter plurinacional de los Estados.

Las constituciones de Ecuador y Bolivia son, con sus más de 400 artículos, las más extensas de América Latina; ellas estipulan lineamientos específicos en materia de política económica y social, y contienen un gran número de promesas –entre ellas destaca el derecho a una “vida buena”– que, dependiendo del prisma con que se mire, pueden ser descritas como ambiciosas o, simplemente, difíciles de cumplir.

Latinoamérica vista desde Europa

“Una buena Constitución define las reglas del juego político y enuncia los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos; el resto de las cosas puede normarse a través de leyes ordinarias”, dice el autor del análisis. “Cuando se incorporan demasiados detalles en una Constitución, se entorpece la implementación de políticas gubernamentales, porque para efectuar una reforma legislativa, por pequeña que sea, hay que enmendar la Carta Magna. Ese es el caso de Brasil, cuya constitución ha sido modificada 63 veces desde 1988, y es el riesgo que corren ahora las de Ecuador y Bolivia”, señala Nolte.

Esta dinámica dice mucho de la institucionalidad democrática en Latinoamérica. Pero, si el discurso populista y nacionalista con que se promovió la redacción de una nueva Carta Magna en Ecuador es similar al empleado por ciertos partidos conservadores que participan legítimamente en la arena política europea; si la posibilidad de reelegir ilimitadamente a un jefe de Estado no es un invento venezolano sino una prerrogativa que tiene larga tradición en las democracias parlamentarias del Viejo Continente; si la reivindicación de los derechos de los indígenas en Bolivia reproduce políticas de inclusión social como las de la constitución sudafricana, que fue alabada por la comunidad internacional cuando entró en vigor: ¿Por qué se observan estos cambios en Latinoamérica con tanto recelo?

Mentes suspicaces

“Yo no niego que estas reformas puedan tener efectos positivos, pero debo admitir que las veo con escepticismo. Las Constituciones se vuelven cada vez más abarcadoras e incluyen cada vez más promesas, y uno sabe que el problema en Latinoamérica no es que escaseen las leyes sino que no se cumple con ellas”, aclara Nolte.

“Cuando en una Constitución se introducen ideologías políticas u ofrecimientos o expectativas demasiado específicas, ella misma se convierte en parte del debate político y deja de ser su árbitro”, lo secunda el politólogo Manuel Paulus, experto en Gobernabilidad Comparada de la Universidad de Rostock.

“Si la pregunta es: ‘¿Qué tiene de malo que tengan lugar enmiendas constitucionales en Latinoamérica?', yo debo responder que no veo ningún problema en ello; todos los países tienen derecho a hacer uso de ese instrumento. Pero si la pregunta es: ‘¿Por qué en los círculos académicos se observan con tanta cautela las reformas que han tenido lugar últimamente en Venezuela, Bolivia y Ecuador?', la respuesta es distinta”, advierte el Dr. Jorge Gordin, investigador miembro del ILAS especializado en política del Cono Sur y de los países del área andina.

Jorge Gordín, GIGA

Jorge Gordin

“Los especialistas que analizan empíricamente y de manera constante lo que ocurre en la región parten de la presunción de que el Estado de derecho y las instituciones políticas son más débiles en los países latinoamericanos, y, en consecuencia, los niveles de corrupción, nepotismo y abuso de poder son mayores. De ahí el prurito de la academia”, agrega Gordin.

Nuevas tendencias excluyentes

“Estas reformas son expresión y producto de nuevas constelaciones políticas en Latinoamérica. El peligro que yo percibo en ellas es que exacerban la centralización del poder y fortalecen la figura del presidente en una región cuyos mandatarios, de por sí, ya tienen mucho poder concentrado en sus manos”, dice Manuel Paulus.

Manuel Paulus, GIGA

Manuel Paulus

Por otro lado, aunque celebra el reconocimiento de las minorías étnicas como uno de los cambios políticos más importantes en la región, el investigador de la Universidad de Rostock hace una salvedad: “Por fin se han tomado en cuenta los intereses de grupos sociales que hasta ahora se hallaban excluidos; lo malo es que se haya hecho sacrificando el debate democrático. El sector de la población que ha generado un nuevo movimiento ciudadano y aprobado las reformas constitucionales mencionadas no dialoga ni busca el equilibrio de fuerzas con la oposición, sino que se muestra adverso a ello. Con eso lo que se logra es estimular el enfrentamiento social”.

Lea en la segunda parte: " Poderes, promesas y participación directa"