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Política

Opinión: espías en conflicto con el Estado

Según los Papeles de Panamá, servicios secretos fundaron empresas fantasma para ocultar sus actividades y para lograr financiarse. Es el lado oscuro de las “operaciones encubiertas”, opina Alexander Andreev.

¿Pasaron a la historia los agentes con licencia para matar?

¿Pasaron a la historia los agentes con "licencia para matar"?

Los servicios secretos de países donde impera el Estado de derecho tienen un problema esencial: a veces se consideran obligados a romper la ley en aras del bienestar público. Y no solo quebrantan las leyes de los países en donde se mantienen activos, sino también las de sus propios países. A menudo esto sucede en el marco de “operaciones encubiertas” cuya finalidad y métodos son contrarios al marco jurídico y por ello serían mal vistas en los medios.

Entre estos métodos se cuentan el sabotaje o el asesinato por encargo, tareas que poco tienen que ver con el espionaje clásico que persigue obtener y evaluar información. Ahí donde no existe el Estado de derecho, los servicios secretos no tienen ningún problema, ni con la ley ni con los medios.

Casos conocidos

Es legendario el asesinato ordenado por Stalin de su enemigo político, León Trotski, durante el exilio de éste en México. Las “operaciones encubiertas” tuvieron su época de oro en al Guerra Fría. La soviética KGB y sus “hermanos” en Europa del este sofocaron, en parte físicamente, a la oposición en diversos países.

Alexander Andreev dirige la redacción de DW para Bulgaria

Alexander Andreev dirige la redacción de DW para Bulgaria

También la CIA -a diferencia de la KGB, supeditada a un Estado de derecho- realizó misiones similares: la caída del primer ministro iraní Mossadegh en 1953, o del presidente Guzmán en Guatemala en 1954, o el asesinato del Che Guevara en Bolivia, en 1967. El número de intentos de asesinar a Fidel Castro ocasionó discusiones acerca de si debía ser incorporado al Libro Guiness de los Récords. Naturalmente, la lista incluye al escándalo Irán-Contra, traído de nuevo a la memoria por los Papeles de Panamá. En 1986, la CIA posibilitó un envío de armas a Irán, que estaba sometido a un embargo. A cambio, Irán mediaría para la liberación de rehenes estadounidenses en Líbano y pagaría fondos con los cuales la CIA financiaría la insurgencia contra el gobierno sandinista de Nicaragua.

Este caso resalta el problema de los servicios secretos en el marco del Estado de derecho: si rompen la ley con operaciones encubiertas, éstas son ordenadas sin dejar huellas y sin el uso de recursos públicos. Así que, astutos como suelen ser, los servicios secretos solucionan este dilema a través de triangulaciones de dinero. En una aclamada serie de televisión basada en un libro de John Le Carré, la CIA y los servicios secretos británicos (MI6) diseñan un esquema de venta ilegal de armas a gran escala, a fin de conseguir recursos. Esto es literatura y televisión. Pero las pistas de los Papeles de Panamá, en los que aparecen el Irán-Contra además de empresas fantasma que habrían facilitado envíos de armas a regiones en crisis, se basan en hechos y documentos.

Autofinanciamiento del espionaje

Los servicios secretos de países no democráticos también son tradicionalmente menos escrupulosos cuando se trata de obtener fondos: tráfico de armas y drogas, violaciones de embargos, robo de tecnología, todo esto conformaba el repertorio de servicios de espionaje como la KGB o la Stasi. Y precisamente a partir de esta experiencia surge una importante lección para el futuro: los servicios secretos jamás deben orientarse a la obtención de dinero. Menos aún hoy, cuando deberían combatir activamente al lavado de dinero y al terrorismo. Con los recursos que obtienen, el bien público fácilmente se desvía y se convierte en una cuestión de intereses propios. Ninguna sociedad democrática necesita espías que trabajen sin control y sin encargo plausible del Estado.

Para aprender alemán: aquí puede leer la versión original de este artículo

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