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Política

ONG mexicanas denuncian en Ginebra situación de derechos humanos en México

Representantes de un centenar de ONG mexicanas denunciaron en Ginebra y en Berlín la persistente impunidad ante las violaciones a los derechos humanos en México, de cara al Examen Periódico Universal de la ONU.

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Duelo por parte de los familiares de José Jimenez durante las protestas en Oaxaca.


Los activistas acudieron a Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra para entregar cuatro reportes que ofrecen un panorama crítico, desde el punto de vista de la sociedad civil, sobre la situación de los derechos humanos en México de cara al Examen Periódico Universal (EPU), que revisará dichas garantías el próximo mes de febrero. Cuatro informes presentan un panorama general pero también dedican una atención especial a las cuestiones más graves. Uno es el tema de la impunidad, un segundo, lo difícil que está resultando en México el acceso a la justicia para lograr que se investigue y se castigue a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y se repare a las víctimas. Otro apartado aborda la militarización y la insuficiente armonización entre la legislación mexicana y los compromisos internacionales que ha suscrito el gobierno mexicano.

Proteste in Oaxaca im Februar 2007

Protestas en Oaxaca en el 2007, piden la destitución del gobernador Ulises Ruiz.

Violaciones históricas

“Tenemos muchos casos recientes, Oaxaca, Atenco, pero también muchos casos anteriores, el 68, estamos próximos a celebrar 40 años de la masacre de Tlatelolco el próximo 2 de octubre, sin que haya habido una adecuada investigación y posibilidades de juzgar a los responsables, de que se haga justicia a las víctimas. Se trata de una impunidad que sirvió a los gobiernos priístas durante muchos años y que ahora sirve y es usada por los nuevos gobiernos de cualquier signo político y que está impidiendo proteger las garantías de los ciudadanos y castigar a los responsables de muchos de éstos crímenes”, subraya Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Los activistas se reunieron en Ginebra con representantes de las delegaciones de distintos países y coincidieron en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con activistas de otros países, como Colombia, que también presentaron sus reportes. “Vemos temas de preocupación semejantes entre Colombia y México en lo que se refiere a la militarización y la criminalización de la protesta social”, afirma Madeleine Penman, Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Mexikanische Revolution, Emiliano Zapata

Los pobladores de San Salvador Atenco impidieron la construcción de un aeropuerto.

Apoyo alemán

El programa de los activistas en Ginebra y Berlín contó con el apoyo de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, techo de 15 organizaciones no gubernamentales alemanas que se preocupa por dichas garantías en México. En Berlín la agenda incluyó entrevistas con parlamentarios alemanes, funcionarios de Ministerio de Relaciones Exteriores y con representantes de la organización Amnistía Internacional.

“Hay mucha preocupación por la pobreza extrema en la que se encuentra el Estado de Guerrero, un Estado con una historia de levantamientos, rebeliones e insurgencia y no queremos que se vuelva a repetir esta historia, no conviene un conflicto armado en México”, dice Vidulfo Rosales Sierra, representante de la organización guerrerense Tlachinollan. “Si no se atienden estas causas de pobreza, de marginación, de violencia, de militarización e impunidad, puede generarse un conflicto social de mayor envergadura que podría contagiar a otras regiones en el país”, señala.

Oaxaca kommt nicht zur Ruhe

"Violencia en vez de diálogo"

Polvorín en Guerrero

En la localidad de Ayutla de los Libres, Guerrero, cerca del balneario de Acapulco, hay una organización indígena llamada Organización del Pueblo Indígena Mepa, que existe desde 1998. “A raíz de los sucesos ocurridos en 1998 en el Charco, Guerrero, en el que murieron 11 indígenas y ahora están siendo perseguidos, hay 5 indígenas encarcelados, 9 más con órdenes de aprehensión. Desde que asumió la gubernatura el perredista Zeferino Torreblanca la violencia en el Estado ha aumentado notablemente”, dice. Las organizaciones sociales están en una constante protesta y el gobierno lejos de atender estas demandas y buscar diálogo responde con violencia”, advierte.

Lo que más ha llamado la atención a los interlocutores europeos ha sido el tema de la militarización en el país, que en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos que van desde detenciones arbitrarias hasta casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. También preocupa la criminalización de la protesta social. “Muchos movimientos sociales para enfrentar proyectos que se quieren imponer en las comunidades rurales e indígenas, proyectos de caminos, carreteras, minas, presas, que depredan los recursos naturales y forestales, y no cuentan con ningún tipo de participación, ni consulta a las comunidades, son respondidos con la represión directa. Se somete a los activistas a un juicio durante meses o años y de esta forma se inhibe las iniciativas de protesta comunitarias", advierte Edgar Cortez.

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