Oaxaca, del cerco informal al cerco policiaco
30 de octubre de 2006
El presidente de México, Vicente Fox, se acerca al último mes de su gobierno con un nivel de popularidad muy superior al de otros mandatarios latinoamericanos. Por ello, son muchos los mexicanos que seguramente aplaudirán el envió de tropas policíacas a Oaxaca, aunque la orden se produzca luego de 160 días en los cuales ni él ni su gabinete hicieron mucho por terminar con la ocupación de esa ciudad a manos de agitadores escudados en una organización sindical.
Durante más de cinco meses, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y maestros sindicalizados desconocieron a un gobernador electo democráticamente, tomaron instalaciones de empresas radiodifusoras, se adueñaron del edificio del congreso local, secuestraron a periodistas, pusieron barricadas a lo largo y ancho de Oaxaca y, en resumen, establecieron un estado de excepción marcado por una total ausencia de autoridad que dejó indefensa a la ciudadanía. Quince personas han muerto en este tiempo, a causa del conflicto. Con la llegada de la Policía Federal Preventiva, integrada en buena parte por elementos salidos del ejército mexicano, esta situación podría encaminarse hacia una salida.
No hay tranquilidad
Sin embargo, ni la popularidad del conservador Fox ni la llegada de policías militarizados son elementos suficientes para ver la situación en Oaxaca con absoluta tranquilidad. Luego de las elecciones presidenciales de julio, se sabe que la simpatía hacia el presidente mexicano no necesariamente equivale a una aprobación total de sus acciones. Pero, sobre todo, la actuación de la policía federal mexicana en situaciones mucho menos complicadas que la de Oaxaca despierta dudas fundamentadas.
Hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió un expediente en el que analizaba el operativo policíaco realizado el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, cerca de la capital. En él se dio cuenta de diversos actos irregulares cometidos por la policía federal, como detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes; allanamiento de morada, retención ilegal, y abuso sexual (incluyendo violación).
Estos comportamientos no son aislados. El Ombudsman mexicano documentó, el pasado 11 de octubre, una serie de atropellos similares durante otra intervención de la Policía Federal Preventiva en Michoacán, el mes de abril.
La injusticia, una de las causas
Algo tienen en común todos estos conflictos. En Atenco, Michoacán y Oaxaca, la ausencia de instituciones crea espacios que son aprovechados por grupos cuyos niveles de inconformidad y legitimidad no siempre son claros. Esto obedece a la injusticia social, pero también a la irresponsabilidad de la clase política. Si el conflicto se extendió por más de cinco meses fue porque el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país durante más de 70 años, quiere conservar a Oaxaca bajo su influencia. A su vez, el Partido Acción Nacional, del presidente Fox, aparentemente había acordado no intervenir en Oaxaca a cambio de que el presidente electo, el conservador Felipe Calderón, pudiera tomar posesión el 1 de diciembre en una ceremonia más o menos tranquila.
La muerte de cuatro personas el pasado viernes, entre ellas un camarógrafo estadounidense, ha cambiado el panorama. Este fin de semana Fox se vio obligado a tomar una decisión, y con ello ha mandado una señal tanto dentro como fuera de México.
Un complejo campo de batalla
El operativo policíaco de Oaxaca, empero, implica retos muy complejos. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca extendió su dominio a toda la capital del estado, e implementó cientos, quizá miles, de barricadas a lo largo y ancho de la ciudad. Sus miembros cuentan con fusiles y bombas molotov, y se han preparado desde hace semanas para responder violentamente a una intervención policíaca como la que ordenó Fox. Según algunos analistas mexicanos, se trata de una guerrilla urbana perfectamente adiestrada.
Este dilema marcará el final de la presidencia de Fox, y quizá su imagen ante la historia. Al haber enviado tropas a Oaxaca, el mandatario saliente se comprometió abiertamente a restablecer el orden en esa ciudad. Pero si la actuación de la policía no respeta el uso proporcional de la fuerza, como corresponde a un estado democrático, el presidente mexicano podría ver cómo se derrumban su popularidad, su prestigio, y su ambición de entregar a Calderón, su compañero de partido, un país en calma.