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Europa

No hay acuerdo sobre mejoras salariales a servidores públicos en Alemania

Los servicios públicos alemanes, que en las últimas semanas protagonizaron huelgas de advertencia y numerosos paros para reivindicar mejoras salariales, siguen estancados en su conflicto, pues la pasada noche volvieron a fracasar las negociaciones, según informó hoy la comisión mediadora.

"Nos hemos esforzado con la mejor voluntad", dijo Lothar Späth, ex primer ministro del estado federado de Baden-Wurtemberg y presidente de esa comisión, convocada por los agentes sociales del sector público alemán tras el fracaso de sus negociaciones.

Dicha comisión de arbitraje propuso una oferta que sólo aceptaron los representantes de la patronal, mientras que los sindicatos la rechazaron de pleno.

Preveía un aumento salarial del seis por ciento para los 1,3 millones de empleados federales y municipales del sector de los servicios públicos, así como un incremento de entre media y una hora en la jornada laboral de los trabajadores del oeste del país.

El sindicato de empleados públicos Verdi exige un incremento del ocho por ciento con un contrato de un año para los empleados del sector. Hasta ahora, la oferta de la patronal era de un cinco por ciento por el lapso de dos años.

"Hemos propuesto una oferta que considero muy valiente", señaló Späth. Si se aceptara, los empleados del ramo en la parte occidental del país empezarían a beneficiarse de un aumento salarial del cuatro por ciento a partir del 1 de abril, mientras que los de los estados federados orientales comenzarían el 1 de agosto con el mismo porcentaje.

A partir del 1 de enero de 2009, todos los empleados alemanes del sector recibirían un nuevo aumento del dos por ciento. Además, la comisión propuso repartir dos pagas de 450 euros (711 dólares).

Si ambas partes no se ponen de acuerdo este fin de semana en una reunión que tendrá lugar en la ciudad de Potsdam para analizar la oferta de compromiso, Alemania podría sufrir a partir de abril una huelga general de los servicios públicos, que afectaría a los centros educativos, la sanidad, servicios de limpieza, aeropuertos y transportes urbanos, entre otros.