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Narcotráfico: motor de la usurpación de tierras en Colombia

La violación de los derechos humanos es uno de los peores efectos de la violencia del comercio de estupefacientes. Millones de personas en Colombia son desterradas de sus parcelas por narcotraficantes.

Kolumbien Fotos wurden in Kolumbien im März 2011 aufgenommen. Autor: José Ospina-Valencia, DW

Puente de Occidente sobre Rio Cauca conduce a Urabá, una región codiciada por su ubicación geoestratégica.

En el mundo hay unos 200 millones de consumidores de drogas. Ésto equivale al 4,8% de la población mundial. “El 0,7% de esos consumidores son alemanes”, dice la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC), que dirige el ruso Yuri Fedotsov y que tiene su sede en Viena. Doscientos millones de personas que llenan año tras año los bolsillos de los narcotraficantes con 320 mil millones de dólares.

En Colombia, los narcotraficantes son, a menudo y a la vez, guerrilleros, paramilitares y/o criminales comunes que, para crear corredores de transporte de cocaína, sacan con violencia a los pobladores de zonas como Urabá. Esta es una región codiciada por su geoestratégica ubicación al noroccidente de Colombia, por la cual sacan narcóticos a través del Istmo de Panamá con dirección a México, Estados Unidos y Europa.
BACRIM: nuevo término, viejos criminales
Oft müssen die Mitarbeiter von ProFis im tiefsten kolumbianischen Dschungel nach den Überresten der Opfer suchen.

Unidades forenses buscan los restos mortales de víctimas de la guerrilla, el paramilitarmismo y el narcotráfico.

El auge de los paramilitares en la década de los 90 agravó el desplazamiento. ¿La razón? “La guerra entre paramilitares y la guerrilla por el control sobre territorios para el narcotráfico”, dice a Deutsche Welle Gerardo Vega, de las ONGs Tierra y Vida y Forjando Futuros. En calidad de abogado, Vega representa a víctimas del desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia, al que pertenece Urabá, una de las 13 zonas de las que las BACRIM delinquen. BACRIM es el nuevo término para las bandas criminales resultantes de la guerrilla, paramilitares y otras estructuras mafiosas.
“Se trata de 5.500.000 de hectáreas de tierra robadas”, calcula CODHES, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. La contraloría de Colombia habla incluso de 6 millones de hectáreas de tierras usurpadas a campesinos, a menudo con la ayuda de funcionarios oficiales. Un territorio de las dimensiones un país alpino. “Es como si se borrara del mapa a Suiza con 870.000 familias”, concluye Gerardo Vega en la sede de Forjando Futuros, en Medellín.
Funcionarios legalizaron desalojo
Sólo en 2010 perdieron en Colombia 280.000 personas sus parcelas cultivables porque funcionarios expidieron títulos falsos a narcotraficantes o les sirvieron de testaferros para suplantar a los criminales detrás de las violaciones de derechos humanos.
En Urabá hubo, según reporte citado por la revista Semana, “una oficina clandestina para legalizar el despojo”. Dicha central del crimen estaba asentada justamente en el ente que vela por la legalidad de las tierras de los campesinos, el Incoder o Instituto Colombiano para Desarrollo Rural.

La restitución de tierras robadas por el narcotráfico es un tema de máxima prioridad en Colombia, cuando por estos días se debate en el Parlamento una Ley de Víctimas que, por primera vez, reconoce oficialmente la existencia del conflicto armado y que, por lo tanto, tendría en cuenta a las víctimas de todos los agentes de violencia.