México y Venezuela en los tribunales de EE.UU.

Quien fuera el narcotraficante más buscado por la justicia mexicana y norteamericana, Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero pasado, un día antes de la toma de posesión del presidente Donald Tump. Desde entonces, el líder del cártel de Sinaloa se encuentra en una prisión de alta seguridad de Nueva York, acusado de encabezar un imperio de tráfico de drogas, brutalidad y corrupción.

Aunque no se ha fijado una fecha de inicio del juicio, la próxima audiencia en la corte federal de Brooklyn será el 5 de mayo. Se espera que testifiquen expertos en narcóticos que expliquen los métodos de importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, heroína, metaanfetaminas y marihuana. También testificarán peritos en balística sobre las armas y munición confiscadas al grupo criminal.

 

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El abogado penalista estadounidense Barry Deonarine señala que cada vez son más los casos de criminales mexicanos que son procesados en las cortes estadounidenses. El magistrado recuerda que, según el sistema penal estadounidense, los acusados pueden recibir beneficios a cambio de información.

Deonarine explica que El Chapo habría ofrecido información que condujo a la captura del exfiscal del estado mexicano de Nayarit, Edgar Veytia, que también es juzgado en una corte de Nueva York. "Ese es el peligro para políticos implicados en corrupción en México, que los detenidos en Estados Unidos pueden revelar información y evidencias que los impliquen. Seguramente vamos a ver más casos".    

Casos que minan la confianza en el gobierno

El exfiscal de Nayarit Edgar Veytia fue detenido a fines de marzo cuando cruzaba el puente fronterizo que conecta al aeropuerto internacional de Tijuana con San Diego. Quien fuera responsable de la procuración de justicia de la entidad es acusado de haber organizado cargamentos de cocaína, metaanfetaminas, marihuana y heroína hacia Nueva York. "Casos como el de Veytia minan la confianza en el actual gobierno de México  porque demuestran claramente que hay fiscales que participan en actividades ilícitas", dice Deonarine.

La justicia de Estados Unidos pide también la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido hace unos días en Italia. "Es un proceso muy largo cuando se trata de detenciones en países europeos. Cada país tiene su propio acuerdo en cuanto al procedimiento de extradición, pero esperamos ver pronto la extradición del señor Yarrington al estado de Texas para enfrentar cargos de lavado de dinero. Recibía dinero ilícito que invertía en bienes raíces en Estados Unidos".

El pasado 8 de febrero, una corte de Texas emitió una nueva orden de detención en contra de otro exgobernador de Tamaulipas: Eugenio Javier Hernández. El político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es acusado de haber blanqueado unos 30 millones de dólares a través de la compra de bienes inmobiliarios en Texas.

Venezuela: el caso de los narcosobrinos

Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, son acusados de conspirar para introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. El caso ha sido cerrado por los fiscales, que anunciaron que no entregarán más evidencias, por lo que se espera la lectura de la sentencia el próximo 26 de junio.

"Podemos esperar una sentencia muy larga. Me sorprendió la decisión de los acusados de llevar este caso a un juicio. Normalmente los acusados buscan alcanzar un acuerdo con el fiscal, Ese acuerdo se construye a partir de la información que hayan aportado otros involucrados en el delito. Los fiscales pueden bajar la sentencia, le pueden recomendar al juez una sentencia reducida. Ellos decidieron no buscar un acuerdo con el fiscal y perdieron el veredicto en el juicio. Ahora mismo enfrentan una sentencia de hasta cadena perpetua, dada la cantidad de drogas que conspiraban importar a los Estados Unidos", explica Deonarine.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015. Tras un proceso que duró más de 18 meses y que incluyó un juicio de 9 días, entró en su etapa final en abril de 2017.

Además, desde febrero pasado, Estados Unidos sancionó al vicepresidente de Maduro, Tareck El Aissami, al que acusa de tráfico de drogas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló casi 3.000 millones de dólares a El Aissami. Según la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el vicepresidente es vinculado con el envío de cargamentos de drogas al cartel mexicano Los Zetas y narcotraficantes colombianos y venezolanos.

Según Deonarine, Venezuela y México son los más afectados por el claro vínculo de funcionarios participando activamente en facilitar cargamentos de drogas hacia Estados Unidos. "Colombia fue visto tradicionalmente como un narcoestado, pero yo creo que ahora ya no tiene esa reputación. Sigue habiendo cargamentos de drogas provenientes de ese país, pero no estamos hablando de la penetración de narcotraficantes en el gobierno, lo que sí ocurre en Venezuela y en México”.