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América Latina

La condena a Lula complica su candidatura en 2018

Si se confirma en segunda instancia, la sentencia deja fuera de la disputa por el Planalto justamente al candidato favorito. Por este motivo, es tachada de persecución política por los petistas.

Más de tres años después de su inicio, la Operación Lava Jato volvió a sacudir el mundo político y logró un hecho inédito en la historia brasileña: la condena en proceso legal de un expresidente de la República. Este miércoles (12.07.2017), el juez Sergio Moro condenó a Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero en el caso que lo implicaba en sospechoso de pago de soborno por la empresa OAS, el famoso episodio del apartamento tríplex en Guarujá.

Las consecuencias legales del caso son, por ahora, todavía limitadas, ya que el expresidente va a poder recurrir a la libertad. Pero los efectos políticos son inmediatos. Lula es precandidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.

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En el caso de que la condena sea confirmada en segunda instancia en los próximos meses, el petista corre el riesgo de volverse "ficha sucia” y quedar fuera de la contienda electoral, alterando profundamente los cálculos políticos de la sucesión del presidente Michel Temer.

Se trata de la primera condena de una figura pública que conserva una base de apoyo relativamente amplia y una militancia partidaria fiel y activa. Las encuestas apuntan que Lula tiene por lo menos el 30 por ciento de las intenciones de voto para ser elegido presidente.

Persecución política

Para los partidarios de Lula, el episodio debe reforzar la narrativa de que el petista es víctima de la persecución política. El Partido de los Trabajadores (PT) ya dejó claro que tiene que insistir en la candidatura de Lula, a pesar de sus problemas con la Justicia, que van más allá de la condena de este miércoles.

Los enfrentamientos entre el expresidente y el magistrado  vienen marcando la "relación” entre los dos. Fue Moro quien torpedeó la nominación de Lula como ministro de la expresidenta Dilma Roussef en marzo de 2016 al divulgar escuchas telefónicas entre el petista y la entonces presidente, un episodio determinante para derrumbar al antiguo gobierno.

Sin embargo, en la condena de Lula, el juez parece haber adoptado cierta prudencia. A pesar de que se entiende que las condenas en régimen cerrado puedan llevar a prisión solo después de la confirmación en segunda instancia, Moro tenía el poder de determinar la detención temporal del expresidente.

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En la sentencia divulgada este miércoles, enumeró  una serie de acusaciones, como la destrucción de pruebas y dijo que ellas podrían justificar una orden de prisión preventiva. Solo que el propio Moro admitió que la prisión cautelar de un expresidente en la República no deja de implicar cierto trato especial. "La prudencia recomienda que se espere a un juicio por la Corte de Apelación antes de extraer las consecuencias propias de la condena”, concluyó el juez en la sentencia.

Los efectos legales

No hay plazo para que la evaluación de la condena de Lula sea analizada por una instancia superior. En el caso de los procesos de Lava Jato, la Justicia Federal de Paraná, donde Moro despacha, las sentencias son reevaluadas por el Tribunal Regional Federal (TRF) de la 4ª región, con sede en Puerto Alegre. En los últimos meses, el tribunal va perdiendo su antigua agilidad y ahora está tardando una media de 15 meses para analizar los casos de Lava Jato. De esta forma, una nueva decisión se produciría en octubre del próximo año, en plena segunda vuelta de la campaña presidencial, o sea,  demasiado tarde para impedir que el presidente registre la candidatura.

También existe la posibilidad de que Lula sea absuelto por el TRF. Datos del tribunal muestran que los jueces de la segunda instancia absolvieron el 30 por ciento de los condenados por el magistrado. El caso más reciente es el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, que fue absuelto en junio. En la sentencia de este miércoles, Moro ya absolvió Lula de la acusación de corrupción del lavado de dinero en el caso de la acumulación de bienes de su colección presidencial, cuya cuenta había sido costeada por la OAS.

En su sentencia, Moro también evitó confirmar las acusaciones más duras de la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), que había imputado a Lula en el papel de "comandante” de un esquema criminal de perpetuación en el poder. En su decisión, Moro solo apuntó que el petista tenía "papel importante en el esquema criminal”.

Para que Lula cumpla pena en régimen cerrado, el TRF tendría que confirmar la sentencia o establecer una nueva pena que sea superior a ocho años de cárcel.

Lula no es el primer expresidente que se enfrenta con problemas legales, pero sí el primero en afrontar una sentencia desfavorable de la Justicia y que corre el riesgo de cumplir pena en régimen cerrado. Antes de él, el ex presidente Fernando Collor, todavía en el poder, pero ya expulsado, tuvo que afrontar un juicio por el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) por sospecha de corrupción. Fue absuelto en 1994 por falta de pruebas.

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