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Inmigración

Italia pretende criminalizar al inmigrante

Italia amenaza con lanzar un paquete de medidas -bastante controvertidas- para frenar y controlar la inmigración ilegal, causante –según el gobierno italiano- de buena parte de la criminalidad del país.

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"La inmigración ilegal debe ser combatida, pero los derechos humanos respetados"

El nuevo gobierno de zar de los medios italianos, Silvio Berlusconi, se ha propuesto cumplir con sus promesas electorales. A los delitos cometidos por extranjeros y a la inmigración ilegal dirige un discurso de mano dura. Una redada espectacular a lo largo del país ha puesto en prisión a varios cientos de inmigrantes supuestamente ilegales; además, el allanamiento de un campamento romaní y ataques contra barrios de gitanos han sido hasta ahora las primeras consecuencias prácticas de un discurso cargado de un patriotismo que raya en la xenofobia.

El Gobierno italiano presenta un plan diseñado por el ministro del Interior, Roberto Maroni. El objetivo es acabar con la inmigración ilegal que proviene de más allá de las fronteras del club europeo, la causante –según el flamante gobierno italiano- de buena parte de la criminalidad en el país y fuente de desempleo para los propios italianos.

Inmigrante sinónimo de criminal

El plan del Gobierno italiano propone la conversión de la inmigración ilegal en un delito susceptible de cárcel, la aceleración de las deportaciones –en un plazo de horas- y la transformación de los centros de acogida en campos de detención. Pero no sólo eso: también ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea que no posean ingresos propios o hayan cometido algún delito podrían ser deportados a su país de origen. Además pretenden reinstaurar el control en las fronteras, dejando sin efecto el Tratado de Schengen. En la mira de estas medidas están los ciudadanos romaníes, gitanos provenientes sobre todo de Rumania. Los acontecimientos en Italia preocupan.

¿Un caso para el siquiatra?

Miembros del gobierno español –duramente criticado por sus colegas europeos por la regularización de inmigrantes en 2004 a la cual se acogieron varios miles de extranjeros mostrando un contrato de trabajo- han manifestado su preocupación por estas medidas. “La inmigración ilegal debe ser combatida, pero los derechos humanos deben ser respetados”, criticó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, agregando que lo que Italia pretende es criminalizar al inmigrante. Más allá fue su colega de la cartera de Igualdad, Viviana Aído, calificando a Berlusconi de “un caso para el siquiatra”. Por su parte, la vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, aseveró que no podía apoyar una política que incita a la xenofobia. De injerencia en asuntos internos la acusó, entonces, el flamante ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini.

A su indignación y el llamado al orden, siguió un tono más conciliador. El ex comisario europeo –hasta hace no mucho encargado de la cartera de Justicia, Libertad y Seguridad en cuyo campo está nada más y nada menos que el asunto de la migración- exhortó entonces a unir esfuerzos para controlar los flujos de inmigración irregular a través del Mediterráneo. Conocedor de la materia, sabe a la perfección que justo en este tema, los miembros de la UE tienen que llegar conjuntamente a una postura, pues es un asunto que atañe a todos. "Deberíamos usar los instrumentos de la coordinación europea a través de nuestras marinas, helicópteros y aviones para patrullar conjuntamente el Mediterráneo e interceptar a los inmigrantes que intentan llegar ilegalmente a Europa”, indicó ya en tono calmo.

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Italia rebasa la normativa europea

A mediados de mayo llegó al Parlamento Europeo una primera directiva europea sobre migración en la cual se dispone, por ejemplo, una prohibición de volver a entrar a territorio de la UE por espacio de 5 años a las personas que sean encontradas sin visa y una detención de hasta 18 meses –medida que en Alemania, co artífice de la propuesta, se aplica en ciertos casos hace mucho tiempo. Las organizaciones de derechos humanos han puesto el grito en el cielo. No se puede criminalizar a una persona por ser inmigrante, aducen. El derecho a la asistencia médica, la educación de los niños o la repatriación en condiciones humanas y la estadía en centros de acogida deberían estar garantizada, replican organizaciones como la alemana Pro Asyl.

Se apruebe esta normativa europea o no, la propuesta italiana la rebasa en dureza. Y mientras no entre en vigor el Tratado de Lisboa, la inmigración es competencia de cada Estado nacional… Y esto lo instrumentaliza el gobierno de Silvio Berlusconi, quien según el diario germano Die Welt, quiere concentrar sus esfuerzos sobre todo en demostrar que es “el señor de la casa”.

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