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América Latina

Instructor recomienda abrir juicio político contra Rousseff

El parlamentario a cargo de presentar el informe a la comisión que analiza esta propuesta dijo que existen indicios que permitirían juzgar a la mandataria.

Jovair Arantes.

Jovair Arantes.

El diputado Jovair Arantes, instructor de la comisión que analiza si el Congreso le abre un juicio político con fines de destitución a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó este miércoles (06.04.2016) un informe de 128 páginas en el que recomienda la continuidad del proceso. A juicio del parlamentario, existe mérito legal para seguir adelante con el juicio, que se refiere a las supuestas maniobras del Gobierno para maquillar los balances de las cuentas fiscales en 2014.

“Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad (contra la mandataria)”, dice el reporte, que ahora tendrá que ser votado por los 65 miembros de la comisión especial, en una sesión prevista para el próximo lunes 11 de abril.

Si la Comisión aprueba por mayoría simple la propuesta, la causa será enviada al pleno de la Cámara de Diputados, donde tiene que ser respaldada por una mayoría calificada (342 votos de 513 posibles), para que entonces el Senado, por mayoría simple, decida si da curso al juicio político, conocido como “impeachment”. Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.

Para Rousseff, es un “golpe”

De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos aparecieran en los balances fiscales constituyen un “crimen de responsabilidad”. “Ante todas las consideraciones jurídicas y políticas, estoy convencido de que las conductas atribuidas a la presidenta, si confirmadas, no representan actos de poca gravedad o de simple tecnicismo contable, presupuestario o financiero”, aseguró Arantes.

En su defensa ante la comisión, presentada la semana pasada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, la mandataria alegó que el proceso carece de base legal por no referirse a actos que puedan ser definidos como “crimen de responsabilidad” y que, por tal motivo, darle continuidad representa un “golpe”. Al menos una buena noticia para Rousseff: el Partido Progresista se mantendrá en la coalición de Gobierno hasta que la Cámara vote si impugna a la mandataria.

DZC (EFE, Reuters, dpa)


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