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Iglesias exigen control a exportaciones de armamento

Christoph Strack
12 de diciembre de 2016

En Alemania aumenta la venta de armas al extranjero y las iglesias exigen a la política una nueva ley para controlar las exportaciones.

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Imagen: picture-alliance/dpa/Clemens Niesner

Por vigésima vez, las principales iglesias de Alemania presentaron su informe sobre la exportación de armamento. Más allá de la crítica acostumbrada, este año se pronunciaron en conjunto como "Conferencia Unida de Iglesia y Desarrollo" (GKKE), exigiendo una nueva ley de control para la exportación de armamento. Así se posicionan del lado del presidente del SPD, Sigmar Gabriel, pero también en contra del Ministerio de Economía que él mismo dirige. El ministro anunció en enero la creación de una comisión de expertos para elaborar una ley similar, pero el tema aún sigue latente desde entonces.

Según dijo un portavoz del ministerio tras la crítica de la GKKE, las consultas avanzan. Pero será "un largo proceso de discusiones" y no pudo concretar nada sobre el calendario. Algo que se podría interpretar como un intento de posponerlo hasta la próxima legislatura, cuando los socialdemócratas quizás ni siquiera dirijan el ministerio.

El prelado Karl Jüsten, copresidente de la GKKE por la parte católica, alabó las intenciones de Gabriel, pero duda de las posibilidades: "Si consigue imponer su voluntad tendrá nuestro apoyo. Pero como presidente del partido tiene opositores en su propia casa".

Precisamente por eso, las iglesias decidieron tomar la iniciativa antes del año electoral. "Hablamos desde hace tiempo sobre las contradicciones continuas entre bases legales, líneas políticas maestras o la voluntad declarada de una política restrictiva de exportación de armamento frente a la concesión de permisos de exportación", denunció el copresidente evangélico, Martin Dutzmann: "Hay que revisar las bases legales".

Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer Kritik
Imagen: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Derecho internacional por los suelos

La crítica del estudio de este año gira en torno a un aumento masivo de licencias para exportar armamento. Según el informe, en 2015 prácticamente se duplicaron, y el 59 por ciento de las ventas va a parar a terceros países. Jüsten mencionó concretamente el ejemplo de Catar y Arabia Saudita. En su opinión, Catar comete violaciones masivas de los derechos humanos y apoya a islamistas en todo el mundo. Sin embargo, en 2015 fue el primer país receptor de armamento por un valor de 1.660 millones euros.

En el caso de Arabia Saudita, matizó Jüsten, participa junto a Catar en la lucha armada contra las milicias chiitas del Yemen, un conflicto en el que ya murieron más de 10.000 personas y donde se "pisotea el derecho internacional humanitario". En base a estos ejemplos, las iglesias exigen ahora que sean los partidarios de la exportación y no sus críticos los que tengan la obligación de dar explicaciones, señaló el prelado.

En general, las iglesias creen que el esfuerzo realizado en pro de una mayor transparencia en las exportaciones de armamento ha merecido la pena. Después de 20 años, Jüsten está satisfecho porque "las exportaciones de armamento aparecen ahora en la primera página de los diarios". Una tendencia que se ha mantenido continua durante las dos décadas en las que las iglesias llevan exigiendo un control más férreo sobre el armamento y, sobre todo, una mayor transparencia.

Turquía, más armamento desde el golpe

Sin embargo, no todas las operaciones de armamento están en el punto de mira de la crítica de las iglesias. Por ejemplo, no lo hacen con operaciones de venta a países de la UE o la OTAN, explica Simone Wisotzki, directiva de la Fundación de Hesse para la Paz y Resolución de Conflictos. Pero, aun así, hay casos especialmente difíciles. En su opinión, Turquía no debería poder adquirir armamento actualmente pese a ser miembro de la OTAN. Seguro que será tema para el próximo informe de la GKKE porque, según datos actuales, tras el golpe de Estado de julio se permitió que Turquía comprase aviones y drones por un valor de 76 millones de euros, mucho más de lo que había adquirido en los meses previos al golpe.