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América Latina

“Guatemala tenía décadas de estar en silencio y ya era tiempo de que el país despertara”

Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala, habla de las consecuencias del caso "La Línea“ que llevó a la dimisión del Presidente Otto Pérez Molina y de cómo el Congreso obstaculiza el trabajo del Ministerio Público.

Guatemala Thelma Aldana Generalstaatsanwalt

Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala (foto de archivo).

Algunos análisis afirman que Guatemala está cerca de convertirse en un Estado fallido. ¿Está de acuerdo con estos análisis?

Thelma Aldana: No, no creo que estemos por ser un Estado fallido, creo que este año 2015 ha permitido no caer en el Estado fallido.

Usted ha protagonizado junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la lucha contra la corrupción con el emblemático caso de “La Línea” que llevó a la dimisión del Presidente Otto Pérez Molina. ¿Qué consecuencias tiene este caso para la clase política en Guatemala?

Este caso es muy importante, porque nos ha permitido demostrar tres cuestiones importantes: Que nadie es superior a la ley y que como sociedad somos capaces de exigir los derechos que tenemos y que una sociedad civil organizada ejerciendo de manera responsable su derecho a la manifestación es capaz de cambiar la historia.

Muchos guatemaltecos han visto con gran satisfacción la renuncia de Otto Pérez Molina y el proceso legal en contra del ex-Presidente y la ex-Vicepresidenta Roxana Baldetti.

Como Fiscal General de la República nada más hice mi trabajo y traté de cumplir con mi obligación. Nunca pensé que iba a darse este despertar de la población guatemalteca, lo cual me alegra muchísimo. Guatemala tenía décadas de estar en silencio y ya era tiempo de que el país despertara.

En lo personal, ¿qué sintió cuando llevaron a la cárcel al ex-Presidente?

Cuando pedí la orden de captura contra el ex-Presidente sentí mucha pena, mucha tristeza, mucha decepción y preocupación por mi país.

¿Es culpable el ex-Presidente?

Sí.

¿Tiene pruebas contundentes?

Claro. De acuerdo con la Constitución, toda persona goza de la presunción de inocencia. Sin embargo, yo como Ministerio Público soy el ente acusador, ya formalicé acusación recientemente contra el señor ex-Presidente. Tenemos pruebas de calidad y de cantidad, más de cien mil escuchas telefónicas que nos ayudaron a construir el caso, más de medio millón de pruebas documentales, más de 5,000 correos.

Entonces, ¿habrá sentencia condenatoria?

Desde luego, el proceso está prácticamente iniciando, dependemos ahora de lo que resuelvan los jueces.

Hace unas semanas dijo que “estamos en el momento más oportuno para realizar cambios en la Constitución de Guatemala”. ¿A qué tipo de cambios se refiere?

Me refiero a cambios en el sistema de justicia de Guatemala, porque el funcionamiento del poder judicial, de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público están contemplados en la Constitución Política de la República y se requieren cambios para fortalecer las instituciones. De hecho, la normativa actual es perversa, debilita al Ministerio Público y debilita al poder judicial y a la Corte Suprema de Justicia.

¿Podría dar un ejemplo?

Por ejemplo, en el Ministerio Público, para nombrar o elegir al Fiscal General de la República, tiene que integrarse una Comisión de Postulación. Luego, esta comisión le pasa el listado de seis candidatos al Presidente de la República. No puede fortalecerse el Ministerio Público de Guatemala en la medida en que sea el Presidente de la República el que nombre al Fiscal General. A mi juicio, debería hacerlo la Corte Suprema de Justicia como sucede en otros países.

¿Podría influir el cambio de Gobierno en enero 2016 en su trabajo?

El Fiscal General siempre está dependiendo de lo que decida el Presidente de la República, y así no puede haber independencia del Ministerio Público, cuando tiene a la autoridad máxima dependiendo de la voluntad del Gobierno de turno. Yo no creo tener problemas con el próximo presidente, porque públicamente él ha expresado su deseo de que yo continúe como Fiscal General, pero tampoco debería ser el deseo de una persona, sino debería ser una cuestión institucional.

¿Ve una oportunidad de implementar sus propuestas de cambios constitucionales con el nuevo Congreso?

Lo veo difícil, porque no sé si el nuevo Congreso va a tener la voluntad política de hacer estos cambios tan importantes para fortalecer el sistema de justicia.

¿Cuenta el Ministerio Público con los recursos necesarios para poder realizar su trabajo?

No, definitivamente no tiene los recursos económicos, porque cada año nos aprueban mil millones de quetzales, que solo nos alcanzan para pagar los salarios de los trabajadores.

¿Por qué no cuenta con el presupuesto necesario?

No hay voluntad política, igual porque aquí dependemos para el presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y del Congreso de la República otra vez. Entonces el Congreso de la República nos tiene con un presupuesto debilitado y con una ley debilitada también.

¿Cree que hay un interés desde el Congreso en limitar el presupuesto del Ministerio Público para obstaculizar su trabajo?

Esa impresión me da porque históricamente, no sólo este Congreso, ha tenido este comportamiento hacia el Ministerio Público.

Guatemala es un país con un nivel muy alto de impunidad. ¿Influye el presupuesto limitado del Ministerio Público de una forma directa en el nivel de impunidad tan alto?

Claro, porque no nos permite atender todas las denuncias y cuando una denuncia no es atendida adecuadamente genera impunidad. La cifra de impunidad es alta porque permanentemente se ha debilitado al Ministerio Público y a los tribunales. Somos los entes a los que nos corresponde luchar contra la impunidad y no nos dan las herramientas necesarias para emprender esta lucha.

Además de tener una tasa de impunidad muy elevada, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. ¿Cuál es la forma más eficaz para combatir la violencia?

Sin duda la prevención. Es más importante la prevención que la sanción, aunque la sanción puede ser también una manera de prevenir, pero hace falta que el poder ejecutivo se involucre hacia una verdadera política de prevención y mejorar las condiciones de vida de las y los guatemaltecos y hacer los cambios estructurales que requiere un país que aspira a ser democrático.

¿Existe una relación entre la desigualdad social y económica en Guatemala y la alta tasa de violencia?

Sí, desde luego hay una relación muy fuerte entre la falta de oportunidad de un modelo de vida para los guatemaltecos y la violencia y la impunidad. Hay desigualdad, y la desigualdad genera pobreza, y la pobreza genera insatisfacción de la población.

¿Este año se han logrado también cambios estructurales más allá de un cambio de Presidente?

Creo que no hemos logrado cambios estructurales. Lo que sí hemos logrado es un pequeño paso para cambios políticos, sociales y quizá el inicio para de verdad llegar a obtener cambios estructurales, que es lo que verdaderamente requiere el país.

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