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Europa

Fiscal español rechaza demanda en relación con Guantánamo

El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, expresó hoy su rechazo a una demanda contra seis ex altos funcionarios estadounidenses en relación con el campo de detención de Guantánamo presentada el mes pasado ante la Audiencia Nacional en Madrid. Citado por medios locales, Conde-Pumpido dijo en un encuentro con periodistas en la capital española que la Fiscalía se opondrá a la admisión a trámite de la demanda contra el ex secretario de Justicia Alberto Gonzales y otros cinco altos funcionarios de la administración George W. Bush, en la que se los acusa de ser los "responsables jurídicos" de la creación del campo y las torturas que se llevaron a cabo en él. El fiscal consideró que la demanda, presentada el 17 de marzo por cuatro abogados especialistas en derechos humanos, es "fraudulenta" y que con ella se intenta un "artificio". El español afirmó además que la Fiscalía General del Estado quiere evitar que la Audiencia Nacional se convierta en "un juguete".

Teniendo en cuenta la opinión de la Fiscalía, el juez Baltasar Garzón debe decidir si admite a trámite la demanda, de 100 páginas. Según las leyes españolas, los tribunales del país pueden perseguir crímenes contra los derechos humanos en el extranjero aunque entre las víctimas no se encuentren ciudadanos españoles. A este respecto, Garzón abrió sumario en su día contra la antigua junta militar argentina y con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres por orden del magistrado. Recientemente, la Audiencia Nacional admitió a trámite una demanda contra funcionarios y políticos israelíes por el lanzamiento de una bomba en Gaza en 2002 que dejó 14 muertos, entre ellos nueve niños.

Dicha demanda, presentada por una organización palestina, provocó encendidas reacciones del gobierno israelí del ahora ex primer ministro Ehud Olmert. Debido a ello, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero anunció una reforma de las leyes que permiten a la Justicia española perseguir crímenes cometidos en el exterior.

DPA