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América Latina

Fiscalía acusará a la cúpula del ELN de casi 16.000 delitos

Los procuradores colombianos incluyen en la lista crímenes de guerra y de lesa humanidad, secuestros y asesinatos cometidos en los últimos 30 años.

Una “macroimputación”. Así definió este miércoles (11.05.2016) el fiscal general, Jorge Fernando Perdomo, la decisión adoptada por la Fiscalía General de Colombia de acusar a la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, por 15.896 delitos, entre ellos crímenes de guerra y de lesa humanidad, secuestros y asesinatos cometidos en los últimos 30 años en el marco del conflicto armado interno.

En la lista de imputados se incluye a Nicolás Rodríguez, alias “Gabino”, número uno del ELN, así como a Israel Ramírez, alias “Pablo Beltrán”; Eliécer Erlinton C, alias “Antonio García”; Rafael Sierra, alias “Ramiro Vargas”, y Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”. “Pablo Beltrán” y “Antonio García” forman parte de la delegación del ELN que el pasado 30 de marzo anunció en Caracas el acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos para iniciar una negociación de paz similar a la que se lleva a cabo con las FARC en La Habana.

Perdomo detalló que los delitos investigados se registraron entre 1981 y 2014 y se incluye “crímenes generados a través de la consolidación sistemática de patrones de macrocriminalidad, de feminicidio o asesinatos de mujeres, reclutamiento forzado, secuestro, homicidio, violencia basada en género, desplazamiento forzado, utilización de medios y métodos ilícitos de guerra en todo el territorio nacional”.

Secuestros y abusos

“Es decir que los máximos responsables del ELN tendrían que responder por más de 15.800 hechos durante toda la época de violencia y barbarie que han generado como grupo ilegal”, dijo la autoridad. La determinación adoptada por la Fiscalía se produce en medio de un estancamiento de la negociación de paz entre el Gobierno y el ELN, que busca acabar con un conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos, debido a la negativa del grupo insurgente de suspender los ataques y los secuestros.

La investigación incluye también el asesinato de 11 servidores públicos, entre ellos un senador, alcaldes, concejales y diputados, así como de 48 trabajadores de la Fiscalía, militares o policías y ocho periodistas. Igualmente se les imputará por el secuestro masivo de 68 personas entre 1999 y 2000, además de 31 extranjeros y por 87 casos de violencia de género “en las filas guerrilleras y población civil” y 36 de “aborto, esterilización y abuso sexual” a menores de 14 años.

DZC (EFE, Reuters, dpa)


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