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El Mundo

Erdogan amenaza a ciudadanos turcos en el extranjero

En relación con el intento de golpe de Estado en julio, el Gobierno turco ha emitido nuevas resoluciones de emergencia: turcos que se han mudado al extranjero ahora pueden ser privados de su ciudadanía.

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan in Sanliurfa (picture-alliance/AA/Y. Bulbul)

Desde el decreto del estado de excepción, el presidente Recep Tayyip Erdogan puede gobernar ampliamente por decreto

El Gobierno turco aprobó varios decretos por los que ordena la destitución de otros 8.400 empleados del Estado y faculta a las autoridades a retirar en ciertos casos la nacionalidad a ciudadanos sospechosos de crímenes contra el Estado que vivan en el extranjero.

Las medidas, aprobadas la noche del viernes (06.01.2017), son una reacción más al fallido golpe del 15 de julio de 2016. Uno de los decretos establece que a los turcos que vivan en el extranjero que sean acusados de determinados delitos graves y que pese a su requerimiento no vuelvan al país en un plazo de tres meses se les retirará la nacionalidad. La decisión estará en manos del Gobierno.

Esos delitos graves incluyen por ejemplo intentos de golpe de Estado como el de julio pasado o la creación de organizaciones armadas. El Gobierno de Ankara acusa al clérigo Fethullah Gülen de orquestar la intentona golpista, tras la cual se decretó el estado de excepción que le permite al Gobierno emitir este tipo de decretos. Otros señalados como sospechosos huyeron al extranjero después de la represión del intento de golpe.

Cierre de asociaciones y destitución de funcionarios

Los otros decretos emitidos la noche del viernes amplían las competencias de la Policía para investigar actos delictivos en Internet y ordenan el cierre de 83 asociaciones y la destitución de otros 8.400 empleados del Estado. Entre ellos se encuentran 2.687 policías, 1.699 empleados del Ministerio de Justicia y 841 miembros de las fuerzas armadas o del Ministerio de Defensa. Además, 631 académicos y 155 empleados de la administración universitaria perdieron su empleo. Las destituciones afectaron también a los empleados en organismos religiosos o de prensa.

Los empleados públicos destituidos figuran en una lista adjuntada al decreto en la que se detalla sus nombres y destinos, una práctica muy controvertida porque son señalados públicamente sin que un tribunal los haya condenado.

FEW (dpa, AFP)

 

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