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América Latina

En México, “el problema es la impunidad generalizada”

Las amenazas a defensores de derechos humanos en México le dan la mano a la impunidad, denuncian activistas en el Parlamento Europeo en Bruselas. Rigor en la exigencia del cumplimiento de sus directrices exigen a la UE.

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"Defensores de derechos humanos demandan derechos y protección"

El 27 de abril se cumple un año del asesinato de Yuri Jaakkola, un defensor de derechos humanos, que fue muerto en San Juan Copala. El conocido activista finlandés fue asesinado junto con Beatriz Alberta Cariño en una misión de observación en Oaxaca. Un grupo paramilitar se supone autor del crimen. Poco más se sabe; los posibles testigos no quieren hablar: no ven garantizada su seguridad.

Una conferencia en el Parlamento Europeo, a la que invitan la parlamentaria finlandesa Satu Hassi y la alemana Franziska Keller, de la bancada de Los Verdes, enfoca, a doce meses de los sucesos, la situación de los defensores de derechos humanos en un país que ha ratificado todos los convenios internacionales en esta materia y que, siendo socio preferente de la UE, se ha comprometido a implementar las directrices europeas de protección a los defensores de derechos humanos. Contrario a lo anterior, una singular escalada de violencia acusan los relatores.

¿Por qué no hay respuesta?

Bajo la cubierta de la lucha contra el crimen organizado, el Estado viola los derechos de la ciudadanía y tanto activistas de derechos humanos como periodistas son objetivos especialmente vulnerables, afirmó en la conferencia Alejandro Gutiérrez, periodista del semanario Proceso. “Desde el 2006, han desaparecido más de 100 personas, 131 periodistas han sido amenazados, 68 han sido asesinados. De éstos últimos, 26 murieron a manos del crimen organizado y 33 a manos del Estado”, informa puntualizando: “el 98 por ciento de los casos no ha sido resuelto”.

¿Por qué no responde el Gobierno? “Hay un tema de incapacidad o de negligencia en otros casos. El hecho es no hay casos resueltos de periodistas asesinados y desaparecidos. Son temas de los que se habla, se publica, hay muchas declaraciones, pero no hay resultados”, dice Gutiérrez a DW.

Franziska Keller (MEP) und Bárbara Méndez Moreno

Franziska Keller, parlamentaria europea, y Bárbara Méndez Moreno (izq)

Por su parte, Bárbara Méndez Moreno, participante de las protestas de Atenco en mayo de 2006, ve acercarse el quinto aniversario de los disturbios que la marcaron. En dos jornadas de protestas sociales, fueron detenidas 207 personas; “éramos 47 mujeres; de ellas 26 reportamos violencia por parte del Estado. Hubo golpes en genitales; muchas mujeres se vieron obligadas a practicar sexo oral a varios policías. En mi caso, introdujeron objetos en mi vagina, mientras me sofocaban y torturaban sobre personas recostadas en el asiento del autobús”, cuenta a DW Méndez Moreno; como las otras, sigue esperando una investigación de los hechos.

Serios problemas con el sistema judicial

Eckardt Finsterer, relator para México de la organización episcopal alemana Misereor, considera que la situación es sumamente grave. “Buena parte de nuestros contrapartes han sido amenazados y han sufrido ataques en su trabajo de defensa de derechos humanos. En ningún caso ha habido una sanción, no se ha buscado a los responsables y por supuesto no ha habido ningún castigo. En parte porque son las propias autoridades o gente filtrada en la administración la responsable de los crímenes y las amenazas”, dice a DW añadiendo: “El problema es la impunidad generalizada y los graves fallos que tiene México en su sistema judicial”.

¿Un fallo acatado a medias?

Por otra parte, en diciembre de 2010, por torturas estatales diez años antes en el caso conocido como “campesinos ecologistas”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado mexicano a reformar su código de justicia militar excluyendo la competencia del fuero militar en delitos relacionados con cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos.

Haciéndose eco del fallo, el gobierno del presidente Felipe Calderón ha reformado el fuero militar permitiendo que sólo los delitos por tortura, desapariciones y violaciones sexuales sean juzgados por tribunales civiles.

“Esto es simular”, acusa por su parte Abel Barrera, activista del Centro Tlachinollan de Derechos Humanos en el estado de Guerrero, a quien el capítulo alemán de Amnistía Internacional acaba de otorgar un premio por su labor. “Los delitos cometidos por militares deben ser juzgados por tribunales civiles”, recalca.

Maria Gotsi

Maria Gotsi del Servicio Europeo de Acción Exterior

Posturas ambiguas

Mari Götsi, representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), si bien ha acusado recibo de las denuncias y reconoce que el fallo de la CIDH era bastante más abarcador, afirma diplomáticamente, que es una buena cosa que el país quiera cumplir con sus compromisos internacionales.

“México es un interlocutor valioso para la UE, ha adoptado posiciones de avanzada en foros internacionales, va a la cabeza a nivel internacional en la firma de todos los convenios”, explica la funcionaria europea. Con todo, dada la difícil situación, al incremento de las amenazas y agresiones contra los defensores de derechos humanos, el EEAS se encuentra desarrollando una estrategia local para desarrollar mecanismos de protección de acuerdo a sus directrices, informa Götsi. Detalles no se conocen; tampoco representantes de la sociedad civil han sido consultados.

A todas luces, ello no satisface a los activistas pro derechos humanos. “No hay controles civiles, el incremento del Ejército para combatir el narcotráfico se traduce en un aumento de la impunidad; el sistema policial está colapsado”, denuncia Barrera. “Necesitamos acompañamiento en la ejecución de la sentencia de la CIDH”, exige Barrera, para quien que la UE tenga directrices para defender a los activistas de derechos humanos, aceptadas por México, no sirve de mucho cuando a su gente en el lejano Estado de Guerrero la persigue con armas personal de la Policía.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Enrique López

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