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América Latina

Embargan bienes de expresidente salvadoreño

La magistrada a cargo del caso argumentó que el político y sus colaboradores tienen dinero suficiente como para intentar evadir la Justicia.

La jueza Nelly Pozas, que lleva la investigación contra el expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2009-2014), decretó este sábado (05.11.2016) el embargo de los bienes del político, así como su prisión provisional en los calabozos de la Policía. Saca y seis colaboradores de su Gobierno están acusados de haber supuestamente desviado 246 millones de dólares desde fondos públicos a cuentas particulares.

El exmandatario, de 51 años, fue arrestado el fin de semana pasado durante la boda de uno de sus hijos, y es procesado por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Por los mismos cargos fueron detenidos los exsecretarios de Comunicaciones, de Juventud y Privado de la Presidencia y tres funcionarios más que trabajaban con él. Las medidas en contra de estas personas fueron adoptadas tras intensos debates entre fiscales y defensores.

"Yo me considero totalmente inocente y venimos a este proceso, precisamente, a enfrentar con toda la documentación y los papeles que nos corresponden para desvirtuar las acusaciones estiradas de la Fiscalía”, expresó Saca durante la audiencia el viernes, cuando pidió a la jueza ser dejado en libertad para preparar su defensa y aduciendo, además, motivos de salud. "Hace un año estuve en cuidados intensivos y necesito constantemente ver a los médicos”, arguyó.

Penas grandes

Pese a la solicitud del exmandatario, que gobernó bajo el alero de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la jueza Pozas determinó que "se tienen acreditados los delitos imputados, por lo que el proceso pasa a la siguiente fase (instrucción) con la medida cautelar de la detención provisional” y el "embargo general de bienes muebles e inmuebles”. La letrada añadió que las razones expuestas por la defensa para pedir la libertad "no son suficientes”.

La jueza adelantó que "las penas que se van a imponer son bastante grandes”, de más de 30 años, y aseguró que "los imputados tienen las condiciones económicas necesarias como para evadir la justicia”. Por ello, justificó el embargo y la prisión "para que se tenga la certeza de que no se sustraigan bienes mientras dure este proceso” y que "al final se tengan los suficientes bienes para responder por las responsabilidades”.

DZC (Reuters, dpa, EFE)

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