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América Latina

Duras acusaciones de expertos a México por caso Ayotzinapa

Después de un año de investigar la desaparición de los 43 normalistas, el grupo de expertos independientes expuso contradicciones y obstáculos de las autoridades, lo que les impidió avanzar en su trabajo.

En medio de aplausos y gritos de "No se vayan", el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se despidió y dio por concluido su trabajo en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, tras un año caracterizado por las diferencias con el Gobierno mexicano. Oficialmente, su mandato termina el próximo sábado.

En su despedida oficial, el grupo de expertos denunció este domingo (24.04.2016) que, tras la presentación de su primer informe sobre el caso Ayotzinapa, en septiembre de 2015, algunos militares, a los que les fue imposible entrevistar tras meses de peticiones, cambiaron o aportaron nuevos elementos ante la Fiscalía mexicana. Estos cambios en las declaraciones se descubrieron posteriormente, pues para el GIEI ha sido imposible entrevistar a los militares, a pesar de las doce peticiones de información en este campo.

El informe presenta las preguntas que querían formular a los militares y estas versan sobre sus labores de inteligencia en la noche en que desaparecieron los jóvenes, sobre las fotografías que tomaron en el Palacio de Justicia, las órdenes emitidas o las salidas de las patrullas. Incluso se preguntan la existencia de un soldado apodado "el Satánico", que aparece en una declaración de un marino y era presunto traficante para el cártel Guerreros Unidos, que, según la versión oficial, se encargó de matar y quemar a los 43 jóvenes detenidos por policías corruptos de Iguala.

Discrepancias, obstáculos y contradicciones

El informe también destapó las discrepancias acerca de la actuación de los militares en un hospital donde fueron atendidos jóvenes heridos y maestros. Mientras que el Ejército alega un "trato digno", los civiles denunciaron "todo lo contrario", detalló el GIEI, lo que se suma a la "falta de apoyo y protección" demostrado por los elementos de la Sedena aquella noche. Por último, en base a un testigo, el informe también habla de la presencia de un camión militar en la colonia 24 de febrero, en un recorrido que no aparece en los expedientes y en una zona donde se presume se escondían varios normalistas atacados.

El grupo de expertos comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015, en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas. Al vencerse el primer mandato, las partes acordaron una segunda etapa de trabajo, que culmina este abril, tras serias desavenencias con el Gobierno. "A partir de enero de 2016, la actitud colaborativa del Estado fue disminuyendo", dijo la exfiscal guatemalteca Claudia Paz durante la presentación del informe final del grupo, donde se quejaron de la falta de voluntad de las autoridades mexicanas para trabajar varias líneas de investigación que podrían esclarecer el caso, en lugar de seguir con la tesis de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados. "Hemos podido documentar la renuencia de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a profundizar en las líneas de investigación distintas al basurero de Cocula", sostuvieron los expertos, quienes reafirmaron que no existen evidencias de que los estudiantes hayan sido incinerados en ese lugar, como señaló la versión oficial tiempo atrás. Para el grupo de expertos, no existen pruebas científicas que avalen esa versión.

Asimismo, señalaron que, pese a que la PGR informó que todos los celulares de las víctimas fueron destruidos por los criminales, su investigación arrojó que varios de estos aparatos siguieron funcionando horas y hasta meses después, "lo que contradice la versión oficial de que hayan sido asesinados" aquella noche. Los expertos, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se quejaron también de que recién la semana pasada les hicieron llegar varias de las diligencias y pruebas que solicitaron a las autoridades con meses de antelación. Muchas otras todavía no han sido respondidas. También dijeron que no pudieron reunirse con varias autoridades municipales y estatales, así como con los militares involucrados en los hechos.

Indicios de tortura

Aunque la investigación del grupo concluye sin confirmar el móvil del crimen y sin determinar el paradero de los estudiantes, su informe asegura que varias de las líneas de trabajo que han propuesto y que no han sido tomadas en cuenta por las autoridades son claves para establecer responsabilidades y motivos detrás del delito. Asimismo, advirtieron que hay indicios de tortura en varios de los detenidos por el caso, incluidos cinco presuntos sicarios que testificaron haber estado presentes durante la ejecución e incineración de los estudiantes, cuyos testimonios fueron claves para la investigación de la PGR.

"Hay indicios de que las lesiones a presuntos responsables se pudieron producir cuando ya estaban bajo custodia", dijo el abogado chileno Francisco Cox, quien agregó que esto podría afectar la investigación e invalidar las declaraciones. Los expertos expresaron su preocupación por las familias de los desaparecidos, presentes en la exposición del informe final de más de 600 páginas, y exhortaron a que se continúe la búsqueda de los jóvenes.

MS (efe/dpa)

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