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América Latina

Diez detenidos en México que transportaban cadáveres con signos de tortura

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, creada el 27 de octubre del 2015, abrió hasta el 14 de noviembre casi cinco mil expedientes, según el Gobierno.

Mexiko Rechtsanwalt Eduardo Almaguer Ramirez in Jalisco (picture-alliance/dpa/EPA/U. Ruiz Basurto)

El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, en una imagen reciente.

México abrió, en poco más de un año, 4.713 expedientes por posibles delitos de tortura que involucran a servidores públicos, de acuerdo con datos del Gobierno. La información la proporcionó el Ejecutivo al responder una pregunta parlamentaria presentada por el grupo del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, señaló este domingo (18.12.2016) el Senado en un comunicado.

Hoy mismo podrían tener que abrir un nuevo expediente, ya que diez personas, entre ellos un expolicía, fueron detenidos cuando transportaban seis cadáveres maniatados y con marcas de tortura en una camioneta, en los límites de los municipios de Tlaquepaque y El Salto, informó hoy el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer (en la imagen). Fuentes de la fiscalía explicaron que uno de los detenidos ejercía como policía investigador, aunque "se había separado de su cargo".

Detenidos gracias a una llamada anónima

Los sujetos viajaban a bordo de varios vehículos cuando se dirigían a una zona despoblada para abandonar los cadáveres de las víctimas, entre ellos los de tres menores de edad. Después de recibir una llamada anónima para denunciar la presencia de hombres armados que viajaban en varias camionetas, personal del Ejército, Policía Federal, Estatal y Municipal localizaron los vehículos y los detuvieron, explicó Almaguer en una conferencia de prensa.

En 2015, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, presentó un informe en el que denunció que este delito, así como los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia "son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad". "Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces", afirmó entonces.

LGC (EFE/dpa)

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