1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

América Latina

Diálogo político estancado en Venezuela

En Venezuela, el Gobierno y la oposición negociarán nuevamente este 6 de diciembre pese a que ambos se acusan de sabotear el diálogo y mengua la confianza de la población en su capacidad para resolver la crisis nacional.

Venezuela Gespräche Regierung und Opposition in Caracas (Reuters/C. Garcia Rawlins)

Los representantes del Vaticano y la UNASUR, auspiciantes del diálogo en Caracas.

Para este martes (6.12.2016) está pautado en Caracas un nuevo encuentro de los negociadores del Gobierno venezolano y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor coalición de partidos opositores de ese país, a pesar de que ambas partes continúan acusándose mutuamente de sabotear el diálogo. Según el presidente Nicolás Maduro, la MUD no quiere la paz y actúa como "una pieza de la agresión internacional contra Venezuela encabezada por el imperialismo norteamericano”. Y diferentes dirigentes del antichavismo han advertido que su participación en la cita venidera depende de que el Ejecutivo honre, en el curso de las próximas 24 horas, los compromisos que adquirió en la sesión del 12 de noviembre y aún no ha cumplido.

En esa fecha, el Gobierno y la oposición acordaron la liberación de algunos presos políticos –bajo la condición, impuesta por el oficialismo, de que éstos no fueran descritos como tales, sino como "políticos detenidos”–, la suspensión de las trabas oficiales que impiden llevar alimentos y medicamentos a Venezuela para poner coto al desabastecimiento, y la designación desde el Parlamento –de mayoría opositora– de dos nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral.  Por su parte, el chavismo exigió la desincorporación de tres diputados opositores cuyo nombramiento ha sido puesto en entredicho por supuestas irregularidades electorales; sin esos legisladores, la oposición pierde las prerrogativas que le daría una mayoría parlamentaria de dos tercios.

Jesús "Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, dijo estar en contacto permanente con los auspiciantes del diálogo –los representantes del Vaticano y la UNASUR– para no frustrar el propósito de ver liberados a algunos de los presos políticos que el sábado pasado (3.12.016) clamaron por la continuación de las conversaciones oficialismo-oposición. La cuestión de los presos políticos volvió a calentarse este domingo (4.12.2016), cuando catorce de los que están recluidos en el Helicoide –sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (SEBIN)– se declararon en "huelga de hambre indefinida”. Además, los familiares de varios políticos prominentes encarcelados se encadenaron frente al Vaticano para atraer la atención de la prensa.

Entre ellos están la esposa y la madre del líder opositor Leopoldo López —Lilian Tintori y Antonieta López, respectivamente–, y la esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, Mitzy Capriles. "El Vaticano es parte de un diálogo que ha empezado en Venezuela y ese diálogo no ha dado resultados”, declaró Tintori, encadenada a una verja en la Plaza de San Pedro. Otra instancia que ha criticado recurrentemente la manera en que se ha abordado el tema de los presos políticos en el diálogo oficialismo-oposición es la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV). Su director, Gonzalo Himiob Santomé, le ha pedido tanto al Gobierno como a la MUD que sopesen la posibilidad de aplicar en el país una "amnistía general”.

Y es que, a juicio del FPV, son más de cien las personas susceptibles de ser descritas como "presos políticos”. Himiob denunció la "opacidad” que ha prevalecido en la mesa de diálogo de cara a este asunto. Por su parte, el director ejecutivo del FPV, Alfredo Romero, pidió incluir en las conversaciones a "aquellos que están injustamente privados de libertad y no representan a ningún movimiento o partido político y que aún así han sido perseguidos por el Gobierno venezolano”. Romero lamenta que, a estas alturas, ni el Gobierno ni la MUD hayan publicado una lista de los detenidos cuya liberación estaría siendo considerada. El FPV es una de las organizaciones de abogados que asisten a quienes son objeto de detenciones arbitrarias.

Romero precisó que de los 106 presos políticos que existen en el país, de acuerdo a sus registros, 99 no militan en ninguna organización con fines partidistas; condenó el hecho de que el número de detenciones arbitrarias sea mayor que la cifra de liberaciones necesarias; y aseguró que los presos políticos están siendo tratados como objetos de trueque. "Cuando se habla de diálogo hay que hacerlo de forma responsable. No se puede utilizar a los presos políticos como fichas de negociación”, sostuvo Romero. El diálogo Gobierno-oposición se instaló formalmente el pasado 30 de octubre bajo el auspicio del Vaticano y de la UNASUR.

ERC ( EFE / Reuters )

DW recomienda