¿Democracia directa en Europa?

La impresión de que la Unión Europea (UE) es una instancia de poder hermética, cuya burocracia dificulta la implementación de cambios propuestos “desde abajo”, se ha arraigado entre los habitantes del bloque comunitario en los últimos diez años, tras la entrada en circulación del euro como moneda única y la consolidación de la autoridad de Bruselas. De ahí que con el tiempo se haya intensificado el clamor por más espacios para la democracia directa a escala europea. Al parecer, ese llamado ha sido atendido.

¿Qué puede hacer la sociedad civil cuando un problema le robe el sueño y las instituciones comunitarias no se ocupen de resolverlo? Crear una “iniciativa ciudadana europea” y hacer llegar sus demandas a “los de arriba”. Este mecanismo entra en vigor el domingo (1.4.2012) con miras a estimular la participación política y fortalecer los nexos de la UE con la gente. Eso sí, armarse de paciencia parece ser un requisito indispensable para hacer uso de esta prerrogativa. El camino hacia la democracia directa no está del todo libre de obstáculos.

Los ciudadanos de un país comunitario que quieran proponer cambios en la UE deberán encontrar aliados con derecho a voto en otros seis socios del bloque –no menos– para hacer oír sus voces. Los correligionarios tienen que fundar una comisión civil y registrarla ante la Comisión Europea, el único órgano de la UE con facultad para concebir nuevas leyes. Ni el Parlamento Europeo ni el Consejo Europeo se inmiscuyen en esa materia; éstos se limitan a aprobar o rechazar las normativas presentadas.

Los requisitos de la democracia directa

Antes de solicitar el registro de sus comisiones civiles, los impulsores de la iniciativa deberán cerciorarse de que Bruselas es el interlocutor con el que deben hacer contacto. A veces, la distribución de competencias está muy clara: la UE se ocupa de asuntos relacionados con la unión aduanera y el comercio internacional, y los Estados miembros del bloque deciden sobre aquellos ligados a la educación, por ejemplo. En otros casos, no: la prohibición de fumar fue establecida a escala nacional y la prohibición de la publicidad para el tabaco, a escala comunitaria.

Si los ciudadanos no planean proponer una nueva legislación, sino plantear quejas, pueden hacerlas llegar a Bruselas a través de un “delegado civil”, describiendo con exactitud el objeto de las demandas, los objetivos de sus iniciativas y qué aspectos de los tratados de la UE consideran relevantes para la moción. El paso siguiente consiste en declarar las fuentes de financiamiento del proyecto de petición, sobre todo cuando se trate de patrocinantes que hayan donado más de 500 euros al año para respaldar una iniciativa ciudadana europea.

Una vez que la iniciativa en cuestión haya sido registrada por la Comisión Europea, sus promotores deben recolectar un millón de firmas, junto con la dirección, la fecha de nacimiento y la nacionalidad de los suscriptores. Eso implica que, en el mejor de los casos, 1.000 personas comprometidas con una causa saldrán a la calle para persuadir a 1.000 ciudadanos comunitarios en un año –tres por día– de los beneficios de una petición. Semejante acción cuesta mucha energía, tiempo y dinero; por eso es bueno conseguir patrocinadores.

Un millón de firmas, un gran desafío

Los activistas pueden recoger las rúbricas en papel u online, apelando o no al software que la Comisión Europea pone a su disposición, pero siempre asumiendo plena responsabilidad por la protección de los datos de los firmantes y por los problemas de seguridad que una filtración de información pueda ocasionarles. El delegado europeo para la protección de datos, Peter Hustinx, exigió que tanto las direcciones electrónicas como las físicas fueran eliminadas de las listas de suscriptores, cuando éstas sean publicadas.

Las firmas no deben provenir de todos los Estados de la UE, pero sí de por lo menos siete socios. Ese proceso de recolección se complica porque el número mínimo de rúbricas obtenidas en un país determinado depende del número de sus habitantes: en Alemania deben conseguirse más de 74.000 y en la isla de Malta, apenas 4.500. Al final de esa etapa, las rúbricas en cuestión son certificadas por las autoridades nacionales implicadas.

Si la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo aceptan la propuesta presentada, la iniciativa ciudadana europea puede convertirse en ley en cuestión de dos años.

Autores: Daphne Grathwohl / Evan Romero-Castillo
Editor: Enrique López