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América Latina

¿Cuánta crítica aguantan los políticos?

En diversos países de América Latina se percibe una tendencia restrictiva en materia de libertad de expresión, que se extiende también a las redes sociales y al terreno del humor político.

En Alemania, el excanciller Gerhard Schröder reaccionó con gran molestia a una portada del semanario Der Spiegel, que lo retrató al estilo de las fichas policiales, junto a otras figuras, para ilustrar un artículo sobre supuestas asesorías a Kazajstán. Según informaciones de prensa, Schröder encomendó a un abogado emprender medidas legales para que la imagen fuera retirada del sitio web de la revista. Pero esa demanda tiene pocas probabilidades de prosperar, a juicio de Horst Röper, director del instituto de investigación de medios Formatt, con sede en Dortmund.

“Hemos visto, en lo tocante a la prensa amarilla, que los tribunales muchas veces se han pronunciado a favor de la privacidad de personajes famosos; en el ámbito político es diferente, porque se trata de figuras de la historia contemporánea y a esa categoría corresponde también un excanciller”, indica Röper, subrayando que “en ese caso los límites son muy amplios”.

La sátira en aprietos

En algunos países de América Latina, sin embargo, esos límites se han ido estrechando. Un botón de muestra es lo ocurrido en Ecuador con el caricaturista Xavier Bonilla, amonestado en febrero por una viñeta humorística sobre un legislador oficialista. La caricatura fue considerada discriminatoria por razones de etnia y condición socioeconómica por un grupo de organizaciones afroecuatorianas, que denunciaron al caricaturista y al diario.

“Si uno ve los casos recientes, especialmente en Ecuador, la verdad es que la sátira política está sufriendo un problema de restricción muy importante. También es un síntoma que demuestra que el nivel de restricción a la libertad de expresión supera con creces las restricciones a la prensa”, opina Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que agrupa a organizaciones de 19 países americanos. Y hace notar que no solo Ecuador y Venezuela tienen amplias restricciones, "sino también otros países, como Nicaragua y Honduras, que están pasando igualmente por procesos muy conflictivos”.

Más allá de las ideologías

Sánchez estima que hay que ir más allá de las claves ideológicas para analizar el fenómeno. “Cada uno de esos países pasa por procesos muy diferentes, muy particulares, pero con algunas características similares: instituciones democráticas débiles, excesiva concentración del poder en el gobernante y una agenda de reformas muy importante que induce a los gobernantes a imponer medidas y restar espacios al debate democrático”, explica.

Las restricciones se manifiestan también en las redes sociales. “En algunos casos se impide incluso citar las palabras de los gobernantes, aduciendo que están protegidas por el copyright; se recurre a todas las técnicas posibles para tratar de silenciar las opiniones divergentes”, indica el secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

En ese contexto se pueden interpretar también las multas aplicadas a medios de comunicación por contravenir disposiciones. “Ya el alto monto de una multa da indicios de que no se trata de imponer un principio de justicia, sino de castigar a un medio”, indica Horst Röper. Y recuerda que la libertad de prensa “incluye también el derecho a ejercer fuertes críticas, a cualquiera, y también a las instituciones del Estado”.

Pilar democrático

“De seguro hay en cada país condicionamientos culturales que pueden llevar a un trato diferente con la opinión pública democrática. Pero esas ‘diferencias culturales', que algunos Estados esgrimen también en temas de derechos humanos, por regla general sirven de pretexto político. Lo que está claro es que la libertad de prensa es un derecho fundamental democrático y, como tal, absolutamente intocable”, subraya por su parte Lutz Frühbrodt, especialista en medios de comunicación.

Para Moises Sánchez, las tendencias restrictivas registradas en varios países de América Latina, “más que un problema específico de libertad de expresión, son síntoma de un problema de concepción de la democracia, y eso es lo que nos preocupa”.

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