Concluye aprobación de leyes de la reforma energética en México | América Latina | DW | 07.08.2014
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América Latina

Concluye aprobación de leyes de la reforma energética en México

Después de más de tres meses de intensos debates, el Congreso de México concluyó anoche la aprobación de las leyes que reglamentan la reforma energética que abre el sector al capital privado.

El paquete que reglamenta una reforma constitucional en materia energética aprobada en diciembre, abarca en total 21 leyes, de las cuales nueve son totalmente nuevas y 12 son modificaciones.

Tras pasar el último trámite en el Senado, el paquete completo queda ahora en manos del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para su promulgación. Se espera que la lleve a cabo a comienzos de la próxima semana.

Las nuevas disposiciones permiten el desembarco de empresas privadas nacionales e internacionales en el negocio de hidrocarburos y energía eléctrica, después de más de 75 años de dominio estatal a través de dos monopolios públicos: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Necesidad de inversiones

Los partidos de izquierda, que son los que más se opusieron a la reforma, alegan que se están poniendo en venta los bienes de la nación, algo rechazado por el gobierno. "La reforma energética no está privatizando ninguna empresa ni bien público", afirmó el secretario (ministro) de Hacienda, Luis Videgaray, en el contexto de los debates.

México es el décimo productor mundial de crudo, pero su producción cayó en los últimos años desde un récord de 3,38 millones de barriles diarios en 2004 a unos 2,5 millones de barriles en la actualidad por falta de inversiones.

Según ha afirmado el director general de Pemex, Emilio Lozoya, el sector requiere de inversiones de 60.000 millones de dólares anuales y este año se invertirán 28.000 millones, lo que supone una cifra récord.

La nueva legislación

Aunque el Estado mantiene la propiedad sobre los recursos naturales, ahora Pemex tendrá que abrirse a la competencia. A cambio, se le dará una mayor autonomía de gestión, el sindicato dejará de formar parte del consejo de administración, se reducirán sus obligaciones fiscales del 79 por ciento actual a un 65 por ciento de sus ganancias y el gobierno asumirá parte de su gigantesco pasivo laboral.

Las nuevas leyes permiten otorgar contratos y asignaciones a petroleras privadas en exploración y extracción de hidrocarburos. Cuando se trate de yacimientos fronterizos, deberá haber al menos un 20 por ciento de participación estatal.

También podrán participar en refinación, transporte y almacenamiento, procesamiento de gas natural y generación y comercialización mayorista de energía eléctrica. Un nuevo organismo, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, será el encargado de administrar y distribuir la riqueza petrolera. Estará integrado por siete miembros: los ministros de Hacienda y Energía, el gobernador del Banco Central y cuatro miembros independientes.

La CFE, que era el monopolio estatal en materia eléctrica, mantendrá el control de las redes de transmisión y distribución para el suministro básico, pero podrá celebrar contratos con particulares.

er (dpa, reuters)