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América Latina

Colombia: empresarios, clave para la reconciliación

La paz también divide a los empresarios: mientras los unos abren sus fábricas a excombatientes, otros juran la instauración de un régimen “castrochavista”. Si Colombia no asume el reto, el conflicto bloqueará el futuro.

Evento de la Agencia Colombiana para la Reintegración, en una ciudad colombiana.

Evento de la Agencia Colombiana para la Reintegración, en una ciudad colombiana.

También la economía de Colombia ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo, el carbón, el ferroníquel y el café, sus mayores productos de exportación. Justo cuando el país se prepara para invertir en el posconflicto, su economía sufre los embates de los mercados y las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Si bien, según el Banco de la República de Colombia, como consecuencia de estos dos factores la inflación llegará en 2016 al 7%, la diversidad de la economía colombiana y las perspectivas de una paz negociada generan confianza, también en el exterior.

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Así lo expresó el ministro de Comercio e Inversión del Reino Unido, Lord Mark Price, en un taller sobre empresas y derechos humanos efectuado en marzo en Bogotá, en el que el Gobierno y 20 empresarios británicos firmaron una declaración de apoyo a la paz y el respeto a los derechos humanos en Colombia.

Empresariado y derechos humanos

El llamado “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa”, de la Alta Consejería de la presidencia de Colombia para Derechos Humanos, presentado en dicho taller, “busca la consolidación del fin del conflicto y destaca el rol del sector privado como fundamental para la reconciliación de los colombianos”.

En dicho foro, organizado, entre otros, por el Instituto Alemán para los Derechos Humanos y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), su directora, la politóloga María Victoria Llorente, destacó “el momento histórico que está atravesando Colombia y la necesidad de que las empresas trabajen en torno a la construcción de la paz”.

Para ello fue desarrollada por la FIP una “Guía País de Colombia” que permite identificar recursos, iniciativas y falencias en la agenda de empresas y derechos humanos, clave de cara a un escenario de posconflicto. A pesar de la dura oposición a la paz negociada con las FARC, también de partes del empresariado colombiano, como el gremio ganadero, por ejemplo, no hay quien niegue que entre los beneficios de una paz negociada está el mejoramiento de la economía nacional.

Firmar la paz será más fácil que hacerla

Sobre las ofertas concretas que ya todo excombatiente de la guerrilla puede usar en Colombia, María Victoria Llorente dijo a DW que “Colombia tiene una experiencia de 10 años acogiendo a desmovilizados. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) tiene un programa muy bien desarrollado para que estas personas puedan construir un proyecto de vida, reintegrándose económicamente”, dice la analista.

Pero así como hay empresas “campeonas” que lideran la reintegración social y económica de muchos excombatientes, hay otras que solo destacan los problemas de confianza en quienes ayer eran extorsionistas de la guerrilla o ponían minas antipersona y hoy se presentan a pedir empleo. “El problema es incluso más complejo”, acota Llorente. “No se puede esperar reintegrar a los excombatientes solo a través del mercado del empleo, un sector para el que, por lo general, les falta cualificación y competitividad”. Aquí la alternativa la puede ofrecer la fundación de microempresas que le conceda a los excombatientes cierta independencia, a la vez que les permita entender que para tener éxito en una economía libre hay que esforzarse como todos los demás, una de las tantas lecciones de la ACR.

Cambio de economías criminales, por legales

Aunque la directora de la Fundación Ideas para la Paz advierte que debido a “los problemas estructurales de la economía colombiana la carencia de suficiente empleo formal no permitirá acoger a todos los 10.000 excombatientes, urge restablecer y garantizar el funcionamiento del Estado y la economía formal en las regiones apartadas en donde viven y quieren quedarse”.

La transformación de economías criminales en los territorios, hasta ahora azotados por los grupos ilegales es pues, uno de los mayores retos, no solo para la economía, sino para el futuro de Colombia.

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