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Chile: demandan por crímenes de lesa humanidad a Israel

28 de noviembre de 2016

La Federación Palestina de Chile y un grupo de ciudadanos chileno-palestinos presentaron querella contra tres jueces de la Corte Suprema del Estado de Israel.

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El Monasterio Cremisán en el Valle de Belén.
El Monasterio Cremisán en el Valle de Belén. Imagen: picture-alliance/AP Photo/K. Bogos

La denuncia se debe a la confiscación de tierras, bienes e instalaciones pertenecientes a habitantes de la zona palestina del valle del Cremisán, a la Iglesia católica y el monasterio de dicha localidad.

Los querellantes -entre ellos, el diputado de la  Unión Demócrata Independiente Felipe de Mussy y el alcalde comunista del municipio de Recoleta, Daniel Jadue- buscan la protección de los tribunales chilenos, tras haber agotado las instancias en la Justicia israelí.

"Gran parte de la comunidad palestina que representamos tiene terrenos en el valle del Cremisán, que hoy están siendo confiscados por Israel. Presentar una querella es lo mínimo que podemos hacer cuando nos quitan nuestros derechos y ocupan las tierras de nuestros padres, abuelos y antepasados", declaró el abogado Anuar Majluf, director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile.

Demanda posible porque Chile reconoce Corte Penal Internacional

El objetivo es que la Justicia de Chile ampare a las víctimas, toda vez que Palestina se encuentra bajo ocupación israelí, una situación que los jueces de la Corte Suprema de ese país "amparan y revisten de falsas apariencias de legalidad", manifestó Majluf.

Según la Federación Palestina, la acción judicial se puede articular en Chile gracias a que en 2009 este país se adhirió al Estatuto de Roma, que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y por lo tanto, también "reconoce la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente" y preservar los derechos de las víctimas, entre las que en este caso se encuentran los querellantes chilenos, agregaron las citadas fuentes.

"La construcción de un muro ilegal ha servido como excusa para paulatinamente anexionarse más y más terrenos fértiles y, al mismo tiempo, ir segregando y aislando a la población palestina en reducidas zonas, privándola de sus más esenciales derechos", denunció Majluf.

En el caso del valle de Cremisán incluso se han apropiado tierras de la Iglesia católica, impidiendo el paso a los feligreses y a los niños que acuden a la escuela del monasterio, según los denunciantes.

JOV (efe, biobio)