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Europa

Cárcel por 18 meses y deportación, propone la UE para ilegales

El Parlamento Europeo decidirá este 18 de junio si acoge decisión de Comisión Europea de homologar trato de los ciudadanos extracomunitarios considerados ilegales, como lo acordaron ministros del Interior en Luxemburgo.

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Una familia iraquí espera asilo político en Hamburgo.

Detención y deportación de los “sin papeles”, es ahora el lema del órgano ejecutivo de la Unión Europea. Dicho lema quedó consignado en la decisión unánime tomada por la Comisión Europea y que tiene carácter de “directiva”, una especie de proyecto de ley.

El objetivo de dicha “Directiva de la UE para el Retorno”, es, según Bruselas, "ofrecer normas comunes y procedimientos de retorno así como reglas claras, transparentes y justas" para sacar del territorio de los 27 países de la Unión a todas las personas que hayan entrado ilegalmente, que no comprueben su estadía legal o que, por hechos criminales, hayan perdido o, en el futuro, pierdan el derecho de residencia en alguno o todos los países de la Unión.

Críticas de ONG de Derechos Humanos

La propuesta de Bruselas "fue redactada en concordancia con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas", dijeron sendos portavoces en Bruselas. Con la emisión de la “Directiva de la UE para el Retorno”, la Comisión aumenta la presión sobre el Parlamento Europeo, de Estrasburgo para que acoja la línea del ejecutivo europea y apruebe la normativa.

La Directiva para el Retorno prevé, entre otras cosas, que las personas a ser deportadas pueden permanecer detenidas hasta un máximo de 18 meses, algo que organizaciones de ayuda a refugiados criticaron duramente.

Por su parte, el comisario de Justicia de la UE, Jacques Barrot, defendió la mencionada norma. "Esta directiva es claramente un progreso", dijo el francés. “Ofrece a los afectados mayor seguridad legal”, añadió. Los regresos voluntarios recibirán prioridad y las personas que son deportadas recibirán el derecho a atención médica en el caso de urgencias, eso es todo. Sin aclarar queda, por ejemplo, qué pasa con los bienes que los inmigrantes ilegales han logrado obtener gracias a su trabajo, a menudo, en condiciones infrahumanas y enfermizas. ¿Podrán entonces conservar su dinero y los enseres adquiridos en la UE?

No queda claro qué pasará con menores de edad

La propuesta de ley promete que “se ayudará especialmente a los menores de edad”, aunque no especifica en qué concretamente. ¿Ayudarlos a que continúen visitando las escuelas en el país que vivan? O ante una inminente deportación de los padres ayudarlos durante el tiempo que ellos pasen en la cárcel? Entre más se desmenucen las intenciones de Bruselas para con los inmigrantes irregulares, más se fija la impresión de que la Comisión Europea no tiene una verdadera solución para el problema de la inmigración ilegal.

De lo que sí está segura Bruselas es de querer hacer cumplir la decisión tomada en Luxemburgo, como lo demuestra la estipulación sobre sanciones para los países que no cumplan con el acuerdo. El comisario de Justicia de la UE, Jacques Barrot, promete, eso sí, el acceso de organizaciones no gubernamentales a las prisiones de la UE, en donde sean encarcelados los afectados.

UE: “Paso adelante”; ONGs: “Medida desproporcionada”

"Sería un importante paso, porque es la primera directiva en política de migración en cuya decisión el Parlamento participa plenamente", destacó el presidente del Consejo y ministro del Interior esloveno, Dragutin Mate. Si los legisladores no aprueban la directiva en primera lectura, todo el proceso deberá comenzar de nuevo. Algo que tomaría unos tres años.

El Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE), una organización que agrupa a unos 65 grupos, se pronunció básicamente a favor de una reglamentación común de la UE para la deportación de extranjeros. Sin embargo, considera la directiva prevista totalmente desproporcionada, según su secretario general de ECRE, Bjarte Vandvik.

Vandvik criticó sobre todo que los afectados puedan ser mantenidos en prisión hasta 18 meses, que se les prohíba volver a ingresar al país del que fueron expulsados y que haya normativas negativas para las familias. "Pedir asilo no es un delito", destacó Vandvik con vistas al tiempo que se permitirá mantener en prisión a las personas sin papales.

Dinero a cambio de deportaciones

"En nueve Estados miembros no había un plazo máximo, por lo que las personas podían permanecer detenidas por un tiempo ilimitado", agregó el comisario Barrot respondió: Según fuentes diplomáticas, Grecia, Malta, Chipre y en menor medida también Lituania y la República Checa presentaron objeciones. Estos países temen los costos de los procesos para los presos amenazados de deportación. Por eso, el comisario Barrot prometió que habrá una asistencia especial de las arcas de la UE a los países especialmente afectados. Por mujeres solas, menores de edad y enfermos, la comisión podrá pagar (al país en cuestión) por persona 4.000 euros, indicó Barrot.

El debate sobre la Directiva para el Retorno se produce en medio de un momento complejo para Europa, con algunos gobiernos intentando detener un flujo de inmigrantes de África y Asia que parece imparable.

Desplazamiento como “daño colateral” del conflicto en Irak

Otro tema que están evaluando los ministros es la acogida de miles de refugiados iraquíes. Al respecto, Barrot señaló que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados podría transferir el año próximo a unas 20.000 personas a países más seguros. El año pasado, más de 40.000 iraquíes solicitaron asilo en la UE. Mate subrayó que ante todo se busca ayudar a los refugiados en la región. Por otra parte, los ministros acordaron trabajar más estrechamente para proteger a los grupos en riesgo de ser un blanco de ataques terroristas.

Además, aprobaron una serie de medidas técnicas para hacer más fácil compartir la información sobre criminales, incluyendo sus datos de ADN. La necesidad de identificar y proteger infraestructuras críticas fue reconocida por los gobiernos de la UE tras los atentados perpetrados en los trenes de Madrid en marzo de 2004, que dejaron casi 200 muertos.

Coto a terrorismo y crimen transfronterizo

En otro caso, pero dentro del mismo contexto de la inmigración ilegal, Bruselas avanzó en la implementación de la Decisión de Prüm (en el oeste de Alemania), acordada en 2007 por los gobiernos de la UE y diseñada para mejorar la cooperación en el combate al terrorismo y el crimen transfronterizo.

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