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Europa

Aprobada polémica ley sobre servicios secretos en Francia

La Asamblea Nacional francesa aprobó con carácter definitivo la polémica ley que da cobertura a la acción de los servicios secretos con el argumento de luchar contra el terrorismo, lo que coincide con las revelaciones sobre el supuesto espionaje de EE. UU. a los tres últimos presidentes del país.

La aprobación de la normativa se produce horas después de que los diarios Médiapart y Libération publicaran los documentos filtrados por el portal WikiLeaks sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) a François Hollande, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac.

En la Asamblea, el texto recibió el apoyo de los diputados de los grandes grupos parlamentarios -los socialistas del presidente Hollande, los conservadores de su predecesor Sarkozy y los centristas de la UDI- tras un debate que se vio alimentado por los atentados yihadistas de enero pasado en París. El Frente de Izquierdas y la gran mayoría de los ecologistas se pronunciaron en contra de la normativa, pues consideran que abre una brecha para permitir que los servicios secretos franceses, con plena legalidad, procedan a un espionaje masivo.

En la práctica, el texto contempla procedimientos posibles de vigilancia e interceptación de información y comunicaciones entre ordenadores o teléfonos móviles (celulares), la instalación en vehículos de balizas de localización por GPS o la colocación de micrófonos y cámaras. También establece el procedimiento que tienen que cumplir los espías, con una petición por escrito y motivada en la que se tenga en cuenta la proporcionalidad de las medidas (una intromisión en la privacidad ha de estar en relación con el riesgo potencial de las personas investigadas) y que irá dirigida al ministro de tutela.

En cualquier caso, no hará falta una autorización judicial, sino que se crea una Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Información (CNCTR) formada por cuatro magistrados, cuatro parlamentarios y un experto en comunicaciones electrónicas. La CNCTR será el órgano de verificación que, en caso de que considere injustificada una operación porque atenta contra las libertades públicas, podrá presentar un recurso ante el Consejo de Estado, al igual que las personas directamente afectadas.

El máximo órgano de contenciosos administrativos puede anular la decisión, imponer una indemnización al denunciante, ordenar la destrucción de los datos e informaciones recopiladas por los agentes secretos e incluso trasladar el caso a la fiscalía para que estudie si merece un tratamiento judicial.

En la normativa se especifican las finalidades del trabajo de los servicios secretos, como la independencia nacional, la integridad del territorio, la defensa nacional, "los grandes intereses de la política exterior y la prevención de toda injerencia extranjera". También se incluyen "los grandes intereses económicos, industriales y científicos de Francia", la prevención de ataques contra el carácter republicano de las instituciones, la violencia colectiva contra la seguridad nacional o evitar la proliferación de armas de destrucción masiva (efe).