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El Mundo

Activistas alarmados por reforma de sistema europeo de asilo

La Comisión Europea (CE) busca reforma de asilo que alarma a defensores de derechos humanos porque obligaría a pagar por no acoger refugiados y deja mayor carga a países de entrada a la UE, como Grecia, Italia o España.

Clase de alemán para peticionarios de asilo en Bonn - Bad Godesberg.

Clase de alemán para peticionarios de asilo en Bonn - Bad Godesberg.

La CE ha propuesto que sigan siendo los países por los que los demandantes acceden a la Unión los que se encarguen de las demandas, pero cuando se vean desbordados (con su capacidad de acogida al 150 %) se active un mecanismo de reparto hacia otros socios comunitarios.

Este nuevo planteamiento recuerda inevitablemente al sistema temporal que aprobó la UE el año pasado para acabar con el colapso que vivían Grecia a Italia por la llegada masiva de inmigrantes y refugiados, y a su marcado fracaso. De los 160.000 demandantes que debían salir de estos dos países hacia los demás Estados miembros, sólo lo han hecho 1.441 personas, según datos de este martes de la propia Comisión.

La gran novedad es que ahora la CE propone una vía alternativa para aquellos países que no quieran participar en el futuro sistema de reparto: pagar 250.000 euros por cada demandante que no acojan al país que sí admita recibirles, a modo de "financiación solidaria", según Bruselas.

"Derechos fundamentales no pueden ser canjeados por dinero"

Esto es lo que sostiene el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), Luca Visentini, quien considera que se trata de una "solución vergonzosa" que además "no es viable". Visentini cree que lo que falta en la propuesta de reforma de la CE es precisamente "solidaridad y sentido de la responsabilidad", y asegura que "nadie se preocupa de los intereses de las personas que huyen de la guerra" sino que "los gobiernos están solo compitiendo por defender sus propios intereses".

Los 250.000 euros a pagar a cambio de no participar en el reparto superan notablemente a los 6.000 euros que Bruselas calculó el año pasado que costaría trasladar a cada demandante de un Estado miembro a otro, para imprimir a la medida un carácter disuasorio, según la propia Comisión.

Si un país como España -al que con el sistema actual le han correspondido unos 9.300 demandantes de asilo en el reparto- decidiese acogerse a esta modalidad tendría que pagar al menos 2.300 millones de euros, por encima de los 2.000 millones de multa que la CE podría imponerle al país en las próximas semanas por no tomar medidas eficaces para corregir su déficit.

La Asociación Europea de Defensa de los Derechos Humanos (AEDH) cree que la CE lo que está ofreciendo es "organizar la regresión de los derechos de los demandantes de asilo y los refugiados". "Ninguna solución duradera o proyecto de futuro puede basarse en la retirada de los derechos de las personas", añade. Está por ver además si los países que se niegan a participar en el reparto de demandantes, como es el caso de Hungría, prefieren pagar esos 250.000 por persona o simplemente incumplir la legislación y esperar a que le llegue la multa del Tribunal de Justicia de la UE en unos años. Tampoco sabemos todavía si la cuantía sugerida por Bruselas para no participar en el reparto se verá rebajada a su paso por el Consejo de la UE.

Casi medio millón de niños

Amnistía Internacional (AI) había adelantado que sería "injusto" si la Comisión sugería un sistema donde la mayor carga recayese sobre los países de entrada, y había desconfiado de un sistema cuyo funcionamiento dependiese de sanciones. Unicef, por su parte, incide en que el sistema europeo de asilo actual se ha visto completamente desbordado por la crisis migratoria, lo que ha arrojado un balance de 400.000 niños demandantes de asilo en la UE entre enero y noviembre de 2015.

La agencia de Naciones Unidas reclama a los Veintiocho que en la negociación que emprenden ahora para la reforma de este sistema, acuerden acortar los tiempo de espera para una decisión de 11 a 3 meses y busquen alternativas a la detención de menores.

JOV (efe, dpa)