11-M: un juicio difícil echa a andar
15 de febrero de 2007
Hace ahora tres años, y exactamente dos años y medio después del ataque terrorista contra el Pentágono y el World Trade Center, Madrid despertaba con el sonido de las bombas. Eran las 07:40 del 11 de marzo de 2004. Diez detonaciones en cuatro trenes de cercanías, a la hora punta en que da comienzo la jornada laboral, dejaban casi 200 muertos y cerca de 2.000 heridos.
Pero al contrario que Washington o Nueva York, Madrid ya había escuchado antes el resonar de las explosiones. Por eso la versión que apuntaba a la organización terrorista ETA se hacía factible y fue la barra ardiente a la que se aferró el Gobierno, entonces dirigido por el conservador José María Aznar, a sabiendas de que la versión islamista le perjudicaba en desmesura.
La insistencia del Ejecutivo en mantenerse fiel a la tesis de ETA cuando el resto del mundo apuntaba a Al-Qaeda le costó a Mariano Rajoy, el sucesor designado por Aznar, una reelección que tenía en el bolsillo. Duro golpe, del que los conservadores españoles tres años después de los atentados no han logrado reponerse. Por eso, tanto desde dentro como desde fuera del país se coincide en que el juicio que ha comenzado hoy en Madrid posee dos lecturas: una esencialmente jurídica, y otra principalmente política.
La tesis de la conspiración
"Las casi 100.000 páginas que componen el escrito de la acusación no solamente sacarán a relucir detalles terribles que abren viejas heridas. También el debate político sobre el trasfondo y el desarrollo de los atentados […] volverá a ganar fuerza", opinaba el diario alemán Badisches Tagblatt sobre el juicio inaugurado en la capital española.
De los 400 periodistas desplazados a Madrid para informar sobre el proceso, 140 tienen acceso a la sala que la Audiencia Nacional ha habilitado extraordinariamente en un pabellón del parque Casa de Campo. La televisión española retransmite el juicio en directo. Contra las emociones y las sensibilidades políticas de las que habla el Badisches Tagblatt se quiere luchar en Madrid con el arma de la transparencia.
Y es que del proceso no sólo se espera justicia, sino también que aclare si la conspiración de la que los conservadores se creen víctimas llegó alguna vez a existir: una trama por la que ETA, apoyada en elementos islamistas, actuó para derrocar al gobernante Partido Popular. En este sentido ya se sabe que una cuestión fundamental no será esclarecida: el tipo de explosivo utilizado, que según los populares conduce a ETA, no ha podido determinarse en el informe pericial.
Europa recuerda a las víctimas
Los europarlamentarios se levantaron en pleno para rendir con su aplauso un homenaje a los fallecidos, heridos y familiares de las víctimas de los atentados del 11 de marzo. Hoy, mientras Madrid desplegaba un enorme dispositivo de seguridad para iniciar el juicio contra los supuestos autores de la matanza, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo se votaba un informe sobre terrorismo.
"Dentro de nuestro marco legal, tenemos que hacer todo lo posible por que los asesinos acaben ante los tribunales", dijo presidente del Parlamento Europeo, el alemán Hans-Gert Pöttering. "Nuestra solidaridad está con ustedes y con sus familiares. No nos olvidamos de los asesinados, a quienes recordamos con un sentimiento muy profundo", añadió Pöttering dirigiéndose a los cuatro miembros de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo que se encontraban como invitados, y en representación de todas las víctimas del 11-M, en Estrasburgo.
El informe sobre el terrorismo fue aprobado por los miembros del Parlamento. En él se señala a los radicales islamistas como el peligro terrorista más serio que amenaza a Europa.
El fin: a más tardar en octubre
Juan del Olmo, el juez que instruye el caso, ha anunciado que espera que las vistas no se prolonguen más allá de julio y que la sentencia pueda estar lista a más tardar en septiembre u octubre de 2007, antes de que se cumplan los cuatro años que según la justicia española se puede retener a un acusado sin condena.
Mientras tanto habrán pasado por la sala de la Audiencia Nacional 610 testigos y unos 100 expertos. 270.000 años de cárcel se ciernen sobre los siete sospechosos principales, de los 29 que se sientan en el banquillo. Si su condena acabará con el diluvio de acusaciones políticas está aún por ver. Cierto es que, como reconoce la Audiencia Nacional, "éste es el proceso más complicado al que jamás se haya enfrentado España".