Luces y sombras en el periodismo en Bolivia

Bolivia es el segundo país de América Latina y el Caribe, después de Ecuador, que ha aplicado los Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO para analizar los avances y retos en el sector de los medios de comunicación. Entre junio de 2011 y junio de 2012, con el apoyo de la UNESCO,  la Fundación UNIR elaboró este estudio, que fue presentado recientemente a la opinión pública. Elena Ern, encargada para Bolivia de DW Akademie, habló con Erick Torrico, uno de los investigadores responsables de la publicación.

Pregunta: El diagnóstico evidencia el grado de la libertad de opinión y expresión en Bolivia - ¿cuáles son los resultados más destacados?

Respuesta: Ha habido avances importantes en Bolivia: la constitución garantiza el derecho a la información. Pero algunas leyes, por su ambigüedad o por las contradicciones que contienen, ponen en riesgo este derecho.

P: ¿Por ejemplo?

R: Por ejemplo en relación con las elecciones de las autoridades judiciales. En Bolivia, los jueces son elegidos por voto popular. Sin embargo, la Ley del Régimen Electoral prohibe a los medios de comunicación emitir información sobre los candidatos que no sea la que esté previamente preparada y revisada por el Órgano Supremo Electoral. La ley también prohibe a los postulantes ofrecer declaraciones o entrevistas o participar en foros abiertos. A la vez se prohibe que los medios publiquen información generada por cuenta propia.

P: ¿Qué recomienda UNIR en ese caso que acabas de mencionar?

R: Nuestro recomendación es que se discuta las restricciones de ese reglamento y que se las pueda subsanar de manera que no quede afectada la libertad de información y expresión.

P:  El análisis está basado en cinco categorías. Se ha analizado, entre otras, "la capacidad infraestructural para apoyar medios independientes y pluralistas" y la "pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, igualdad de condiciones económicas y transparencia en la propiedad". ¿En cuáles de estas categorías se han detectado las mayores dificultades?

R: El estudio llega a la conclusión que  Bolivia tiene un déficit en la creación de un "sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación social.” Lo que se espera en el marco de los Indicadores del Desarrollo Mediático es que haya un sistema regulador que busque la libertad de expresión y también la diversidad. La constitución política asume el derecho a la información y comunicación. Pero limita este derecho casi en exclusiva para los medios y para los trabajadores de estos medios y no toma en cuenta la dimensión social ciudadana de este derecho. Hace falta una reforma para que se pueda incorporar a toda la población. Es un derecho fundamental de todas las personas que no debe limitarse solamente a los operadores del periodismo.

Por otra parte, la ley antidiscriminación contiene dos artículos que resultan problemáticos por su redacción ambigua. Hay el latente riesgo de que muchas conductas de periodistas puedan ser clasificadas como discriminatorias o racistas y vayan a ser objeto de sanción. Y un medio acusado por un delito de discriminación puede llegar a ser cerrado. Esas son formas de vulnerar la constitución.

P: ¿Y en la categoría que se refiere al pluralismo y a las diversidad de voces?

R: Se advierte una ausencia de la participación, la voz y la presencia de sectores vulnerables. Hay también una ausencia de lenguas nativas. Hay una dominancia muy marcada del castellano.

P: La formación de los periodistas fue también un aspecto importante en este análisis. ¿Cómo se presenta la situación al respecto en Bolivia?

R: Hacen falta espacios y oportunidades para la formación específica. A pesar de que hay bastantes carreras de comunicación, el periodismo no es algo que se privilegie. Y la situación es más crítica para los reporteros y comunicadores populares que tienen escasas oportunidades de capacitación y formación. También hay mucho déficit en las infraestructuras. Son muy precarias, sobre todo para los medios comunitarios. 

P: El estudio se terminó de realizar en 2012. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

R: Lo que ha cambiado es el tema de la redistribución de frecuencias de radio y televisión entre cuatro sectores para lograr un cierto balance. La ley de 2011 establece que de este espectro va a ser otorgado el 33 por ciento al sector privado, 33 por ciento al Estado, 17 por ciento a los medios social-comunitarios y 17 por ciento a medios indígenas. Esto tenía que empezar a aplicarse a finales del 2016 porque vencían las concesiones de frecuencias que habían sido otorgadas hace años. Pero los directivos de las asociaciones de radio y televisión negociaron con el gobierno una ampliación de las licencias hasta el año 2019. Y en el 2019 habría la posibilidad de ampliar las licencias por otros quince años más si se cumple con ciertas condiciones. Eso cambia el propósito original de la democratización y afecta especialmente a los medios comunitarios teniendo en cuenta que en Bolivia más del 80 por ciento de los medios son privados.

P: ¿Qué cambios se han podido observar en el ámbito  digital, por ejemplo en cuanto a cobertura y expansión de las TICs?

R: En Bolivia tenemos una triple desventaja: cobertura, velocidad y costo. Hay todavía muchas zonas sin Internet y ni siquiera telefonía celular. Y donde hay señal de telefonía, mucha gente se conecta a Internet a través de sus celulares. Otros lo hacen en el trabajo, en las oficinas y en cabinas públicas. Además, el Internet acá es muy lento. Y el costo sigue siendo elevado en comparación con otros países de América Latina.

La Fundación UNIR, añade Erick Torrico en conversación con DW Akademie,  espera que los resultados del Análisis del Desarrollo Mediático en Bolivia sirvan de base para que las organizaciones de medios como también el ámbito político y la sociedad civil puedan entablar un diálogo constructivo, buscar acuerdos y lograr avances en la política pública del desarrollo mediático.

Con el apoyo de la DW Akademie, la Fundación UNIR dirige un proyecto para fortalecer a las radios comunitarias y la participación de los ciudadanos de El Alto para llevar a la práctica el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.